–¿Qué opina del nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones?

–El proyecto me parece bueno porque busca reemplazar un marco normativo viejo y fragmentado, incorporando prácticas recomendadas a nivel mundial, como la declaración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, lo que otorga al Estado un claro poder de veedor sobre el sector por medio de una serie de medidas regulatorias tendientes a promover la competencia con el ingreso de nuevos jugadores, así como el control sobre aquellos operadores que se identifique como dominantes. A lo que suma la convergencia, algo tecnológicamente irrefrenable que estaba ausente en la ley de medios audiovisuales y que era un punto muy débil de esa norma, lo que podía llevar a su modificación durante el próximo gobierno.

–¿La convergencia puede repercutir en una mejora en la calidad y el precio de los servicios?

–La convergencia alienta el ingreso de nuevos jugadores al mercado de la televisión paga al habilitar a las telefónicas, y a su vez promueve que una misma empresa pueda dar todos los servicios al mismo tiempo. Esta posibilidad le permitirá reducir sus costos y por lo tanto bajar los precios, pero para eso es necesario que haya una competencia efectiva.

–¿El grado de competencia lo garantiza la ley o va a depender de cómo se reglamente y de su posterior aplicación?

–Es necesario introducir toda una serie de regulaciones sectoriales para que las empresas grandes tengan ciertas regulaciones que le impidan hacer uso de su mayor poder. En Brasil, por ejemplo, a las empresas que tienen redes les impiden participar en medios audiovisuales. El proyecto que envió el gobierno al Congreso contempla una separación funcional, que tengan que crear unidades de negocios separadas, contabilidades separadas y que no hagan subsidios cruzados, ventas atadas y otro tipo de prácticas anticompetitivas que el proyecto menciona, pero no define. Eso está bien introducirlo, pero va a depender de las capacidades estatales para que las empresas no concreten esa traslación.

–¿Pero corresponde introducir mayores precisiones en la ley o es facultad de la reglamentación?

–Hay aspectos que están enunciados en el proyecto de ley, pero que no se hace su descripción o reglamentación concreta. Es muy común que varios aspectos se dejen para la reglamentación posterior, pero también es común que la ley especifique bastante más. Por ejemplo, en la reforma mexicana se fijaron explícitamente los criterios que permiten definir a un operador como dominante. Es recomendable especificar no sólo cómo se definirá qué operadores son dominantes sino también a qué se refiere el proyecto con neutralidad de la red y qué niveles alcanzaría la desagregación de las redes, entre otros aspectos. Se entiende que varios de estos puntos queden para la reglamentación posterior en un sector tan dinámico, pero en muchos casos en el proyecto sólo se los menciona sin delinear una guía de aplicación. También me gustaría la introducción de un esquema institucional más equilibrado que permita la participación de otros organismos públicos y actores sociales o económicos interesados en la materia.