La semana pasada se realizó en la ONU el primer encuentro del comité ad hoc sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana con la presencia de expertos académicos y representantes de los países más comprometidos en el diseño del marco jurídico. Restan dos reuniones más en mayo y junio. Un proyecto definitivo será presentado formalmente a comienzos de la segunda mitad del año ante la asamblea general de la ONU. La iniciativa no sería introducida como “la propuesta argentina”. Como sucedió cuando se planteó encomendar a la ONU el diseño de un marco jurídico que conduzca las reestructuraciones, el micrófono quedaría a cargo de la representación boliviana. El país vecino ostenta la presidencia del G-77 más China, que nuclea a 133 países en desarrollo.

Las características de la propuesta hacen prever al equipo económico que el convenio cosechará un significativo nivel de adhesión. La atención internacional que disparó la decisión de la Justicia estadounidense a favor de un grupo de buitres es visible. No sólo logró mover la diplomacia internacional que, a través de Naciones Unidas, rápidamente abrió un espacio de discusión. Aunque desde una perspectiva de mercado, también obtuvo una rápida respuesta del G-20 y los principales actores del sector financiero internacional.

De los 193 miembros de la ONU, 124 votaron a favor de abrir el debate en septiembre pasado. El desafío es sumar algún acompañante inesperado. Estados Unidos e Inglaterra encabezan el grupo de once países que rechazaron discutir la iniciativa desde sus comienzos. Su oposición no es una anécdota imperialista: ocho de cada diez emisiones de deuda que realizan los países eligen las legislaciones de esos países para gobernar los contratos de los nuevos bonos. Con esa premisa adquiere más relevancia la incorporación de nuevas voluntades al convenio. “Si un grupo heterogéneo de países adhiere al marco jurídico validado por Naciones Unidas, dificulta la imposición de un fallo como el del juez Thomas Griesa. Si te quieren embocar lo pueden hacer, pero el costo será mayor”, graficaron a este diario desde la Cancillería. El listado de opositores lo completan Alemania, Japón, Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Hungría, Irlanda e Israel.

Las mayores expectativas están puestas en los 41 países que se abstuvieron el año pasado, fundamentalmente los miembros de la Unión Europea. Francia y Bélgica tienen una declarada posición contra el accionar buitre. Los galos respaldaron la posición argentina ante las cortes norteamericanas durante el juicio y la legislación belga directamente prohíbe litigios como los impulsados por el fondo NML Capital de Elliott Management. Un eventual acompañamiento de Grecia y España sería coherente. La endeudada periferia europea sería una beneficiaria directa de un marco regulatorio internacional. La necesidad de reestructuraciones sustentables de sus deudas soberanas sin el merodeo de los buitres parece evidente a la luz de la situación argentina.