Los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) se vieron las caras después de los cruces que tuvieron los últimos días a través de los medios. En la reunión de comité ejecutivo, acordaron bajar el pulso de la discusión alrededor del acuerdo económico con China y pidieron una reunión con la presidenta, Cristina Fernández, para “sugerir” cambios en el artículo que prevé la adjudicación directa en obras cuyo financiamiento provenga del país asiático y en el que establece “facilidades” para el establecimiento de ciudadanos de un país en el otro. Por fuera del ruido de declaraciones que en realidad obedecen a diferencias políticas, algunos industriales apoyan la iniciativa y otros la critican con argumentos razonables, y distinguen entre las posibilidades para la industria nacional que ofrecen el proyecto nuclear y el hidroeléctrico. Ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aprovechó para criticar a la dirigencia fabril: “A las declaraciones de De Mendiguren –José Ignacio, quien salió a quejarse por el convenio con China– las sitúo en la cuestión electoral. También sabemos que en unos meses hay elecciones en la UIA. He leído lateralmente que muchos empresarios apoyaron los acuerdos con China”.

Las fuentes consultadas cercanas a la entidad fabril coinciden en que más allá de los pros y contras del acuerdo con China, los cruces entre Juan Carlos Lascurain, de un lado, y José Ignacio De Mendiguren y Héctor Méndez, del otro, obedecen a su posicionamiento político, cercano al Gobierno el primero y opositores los otros dos. En la reunión del comité ejecutivo que tuvo lugar ayer, las discrepancias asomaron pero primó la idea de pacificar el clima patronal. Junto a Lascurain, aunque no en forma incondicional, están José Urtubey y Guillermo Moretti, mientras que el equipo de perfil más opositor cuenta en sus filas con Juan Carlos Basso, Luis Betnaza (Techint), Adrián Kauffmann Brea (Arcor), Daniel Funes de Rioja (Copal) y Cristiano Rattazzi (Fiat).

La polémica alrededor del acercamiento con China salió a la luz la semana pasada. Durante la visita oficial al país asiático, la UIA difundió un informe del proyecto de acuerdo marco entre las dos naciones. “Contiene cláusulas de enorme riesgo. El Estado argentino brindaría condiciones preferenciales a China”, advirtió, y planteó que “el convenio replica los acuerdos firmados en Africa” por la potencia oriental. Entonces, Lascurain criticó que “la UIA se sigue manejando con un grupo de cinco o seis personas” con intereses muy marcados. Héctor Méndez, titular de la entidad, respondió: “Los beneficios que tienen algunos son prebendarios. Están tan comprometidos que eso les quita objetividad. Seguramente sus palabras no son propias, sino que están mandadas a decir por el poder político”. Algo curioso es que el informe citado fue aprobado y difundido por Betnaza, de Techint, porque Méndez estaba de viaje. La siderúrgica, a pesar de disputar políticamente, es uno de los grandes beneficiados por la obra pública.

La reunión de ayer contó con algunos cruces, aunque primó un mensaje moderado. Lascurain citó datos del impacto industrial positivo de los proyectos en danza que recibirían financiamiento chino, mientras que escuchó chicanas comparando el acuerdo con el firmado por Angola y Nigeria con la potencia asiática. El comunicado final dice que “se destacó la relevancia de fortalecer el proceso de integración a nivel global, y en particular con la República Popular de China. También se planteó la preocupación por los alcances de las cuestiones referidas a los artículos 5 y 6 del acuerdo, relativos a la adjudicación directa de obras de infraestructura que cuenten con financiamiento de origen chino y a las condiciones de ingreso de mano de obra de dicho país. Ambas cuestiones podrían afectar la provisión local de bienes y servicios, por lo cual se señaló la importancia de contar con la aclaración sobre el contenido y alcance de dichas concesiones”.

La UIA pedirá una reunión con CFK para “sugerirle” cambios en relación con dos puntos del acuerdo marco. Concretamente, el punto 5 dice: “Las adquisiciones en el marco de los proyectos del sector público podrán efectuarse a través de la adjudicación directa siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones de calidad y precio”. No todo el empresariado manifestó la misma inquietud que la UIA. Anteayer el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, dijo que de otra forma “es difícil conseguir financiamiento para grandes obras de infraestructura”.

El artículo 6 dice que “con sujeción a su legislación, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades laborales o profesionales, en igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios”. En realidad, el artículo no menciona nada extraordinario, sólo indica que los ciudadanos chinos podrán trabajar en el país si consiguen los permisos de residencia. Un empresario pide no ser citado y admite: “El convenio es una formalidad, el tema pasa por cómo se van a gestionar los proyectos”. Destaca también que las perspectivas de la industria son mejores en el área de energía nuclear, donde el Gobierno pudo negociar un mayor grado de integración nacional.