La disputa entre Argentina y los fondos buitre puso en evidencia la necesidad de contar con un reglamento internacional para ordenar las reestructuraciones de deuda y limitar el accionar carroñero. El comité de Naciones Unidas creado para diseñar un marco legal que guíe esas futuras negociaciones mantuvo ayer su segundo encuentro formal. Representantes de los diferentes países ante la Asamblea General de la ONU junto con abogados y economistas especializados avanzaron sobre los lineamientos que debería tener el mecanismo.

Las decisiones de la Justicia estadounidense en favor de un grupo de fondos buitre activaron el debate en la ONU. La propuesta se aprobó en septiembre con 124 adhesiones, 41 abstenciones y 11 votos negativos. Los encargados de conducir el debate pretenden alcanzar un consenso antes de fin de año. La reunión de ayer contó con la participación del ministro de Economía, Axel Kicillof. El próximo encuentro será en junio.

El debate en la ONU propone una reforma más profunda que los cambios contractuales impulsados por los principales actores del mercado y los países centrales. A través del FMI y la Asociación Internacional de Mercado de Capitales proponen modificar las cláusulas de los bonos soberanos. La alternativa propuesta por el país con el respaldo activo del G-77 más China puede ser un marco jurídico internacional que ofrezca reglas claras para llevar adelante una reestructuración soberana.

En febrero pasado la Argentina presentó los lineamientos generales de su propuesta. Según figura en ese texto la adhesión al marco regulatorio será voluntaria. Frente al escenario actual, el marco enfatiza la protección de los derechos de los Estados soberanos. Eso no significa que los acreedores deban perder o que sean perjudicados adrede, pero se busca equilibrar la balanza. La propuesta argentina establece un plazo máximo de 18 meses para negociar con sus acreedores.

El proyecto argentino dispone que el Estado con problemas de deuda deberá comunicar su decisión a sus acreedores y a los países que adhieren al convenio. Con esa decisión alcanzará para abrir el proceso, pero el país deberá ofrecer una explicación sobre las razones que dispararon el uso del mecanismo. Además deberá suministrar una descripción sobre las políticas económicas que junto con la reestructuración permitirán llevar la deuda a un nivel sostenible.

Como demuestra el accionar buitre, participar de esos procesos es opcional y existe la posibilidad de recurrir a la vía legal. Por eso, la iniciativa dispone que los términos financieros –la quita de capital, la reducción de intereses y/o extensión de plazos– serán extendidos de forma obligatoria al ciento por ciento de los acreedores. Así será cuando la adhesión a la oferta alcance una porción mayoritaria. Las leyes de quiebras para las empresas privadas consideran que el visto bueno del 66 por ciento es suficiente para que la propuesta alcance a todos. La propuesta será legitimada por una comisión veedora compuesta por tres países miembros.