“Estamos aprendiendo sobre la marcha”, fue la frase que eligió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para justificar ayer ante senadores las idas y vueltas durante su administración en materia tarifaria. El funcionario, que se encuentra señalado por denuncias de incompatibilidad con la función pública por tener acciones de la petrolera Shell (ver aparte), expuso ante la Cámara de Senadores sobre el aumento de tarifas de gas y electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras la quita de subsidios. En ese sentido, adelantó que algunos de los aumentos están todavía en revisión. Sostuvo que el país no está en condiciones de abastecerse de energía importando. “No tenemos puertos, vías navegables, depósitos para vivir con la importación”, afirmó el ministro, quien sostuvo que el objetivo del Gobierno “es alcanzar la seguridad energética y mitigar el impacto ambiental”. Aranguren también se sumó a los cambios semánticos habituales del macrismo y sostuvo que no hay subas ni hubo suba de naftas sino “un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad”.

Aranguren expuso a ante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado. Durante su alocución reconoció el impacto negativo en el consumidor del aumento en los servicios de luz y gas, pero explicó que se trata de un “ajuste del cuadro de tarifas que forma parte de un proceso transitorio que está sujeto a una revisión integral”. “El objetivo del ajuste tarifario no es reducir el déficit fiscal al eliminar los subsidios, sino que haya energía en el país. Nos estábamos quedando sin energía”, advirtió el ex CEO de Shell. Ratificó que “la necesidad de recomponer las tarifas tiene por objetivo que el país tenga energía”.

“Si manteníamos el esquema anterior, los cortes de luz y de gas iban a ser más frecuentes y el servicio iba seguir deteriorándose”, pronosticó el ministro que, por primera vez desde el alfonsinismo, dispuso durante el verano un esquema de cortes de luz programados. Como era de esperar y siendo una constante del macrismo, justificó el aumento de las tarifas por la situación heredada. Sostuvo que entre el 13 y el 14 por ciento de la energía es importada e informó que hubo una “caída en la calidad del servicio por no reconocer los costos del servicio”. “Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto”, agregó. Según explicó, el país produce unos 105 millones de metros cúbicos de gas pero en la época invernal el consumo es de 160 millones. “La diferencia la estamos importando y cuando es imposible importar más gas, pero tenemos la necesidad de generar energía eléctrica hay que importar gasoil”, explicó.

Respecto de la quita de subsidios que implementó el Gobierno, el ministro sostuvo que “parece más razonable subsidiar a la demanda que subsidiar a la oferta, como se hizo en los últimos doce años”. Buscó equilibrar los aumentos en los servicios con el otorgamiento de tarifas sociales, un beneficio al que es cada vez más difícil acceder por la cantidad de requisitos solicitados por los entes reguladores. No obstante, defendió la “política activa para poder proteger a aquellos sectores que están en una situación delicada y que merecen una tarifa especial”. “Se trabaja junto con (el Ministerio de) Desarrollo Social para identificar poblaciones en riesgo”, sentenció Aranguren. Sobre este punto, reiteró que se lanzará una tarifa disminuida en 20 por ciento para pequeñas y medianas empresas electro-intensivas.

Senadores lo interpelaron por el aumento en el precio de los combustibles líquidos, que impacta en el resto de la actividad económica. Desde que asumió el Gobierno en diciembre pasado, el precio de las naftas registró cuatro aumentos hasta totalizar una suba del 30 por ciento. “Sé que algunos me van a criticar”, se adelantó Aranguren. Tras lo cual sostuvo que “no hay subas en las naftas”. “Hay un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad”, dijo en referencia al precio en dólares del barril de crudo. Las refinadoras sostienen que los aumentos permiten, luego de un escenario de fuerte devaluación de la moneda, mantener el precio del barril de petróleo por encima de la cotización internacional para no frenar todavía más la actividad petrolera en la Patagonia.