Los empresarios de la construcción también hicieron reserva de mercado ante Julio De Vido. Fue un éxito. El ministro de Planificación les aseguró que tendrán cabida en los dos renglones en los que se prorratearán los 6000 millones de dólares provenientes de China: el de infraestructura y el de viviendas sociales, presumiblemente como contratistas en ambos casos.
Un déficit habitacional de 2 millones de unidades justificaría cualquier proyecto en esta materia pero, como descuentan los constructores argentinos, difícilmente éste pueda encararse bajo otro sistema que no sea el de obra pública convencional, a cargo de la administración nacional. El capital asiático, en ese caso, vendría en forma de préstamo al Estado, a menos que los chinos hagan gala de su paciencia oriental y estén dispuestos a recuperar su dinero sólo a muy largo plazo y enfrentando un alto riesgo de morosidad como el que plantearía la cartera de beneficiarios.
La infraestructura pública ofrece otra variante, quizá más amigable para un inversionista que apuesta a un país en default, y al que le cuesta superar esta condición. En este caso podría utilizarse el sistema conocido como COT (construya, opere y transfiera). En otros términos: la firma que hace la obra (por ejemplo, un puente) la explota luego por cierto tiempo hasta recuperar lo desembolsado (por ejemplo, a través del peaje) y finalmente, le cede la propiedad al Estado.
Pero ninguna de aquellas variantes financieras ha sido aún volcada al papel y nada de esto ocurrirá hasta que no se despejen algunas cuestiones clave. Por ejemplo, cómo se podría adjudicar en forma directa a las firmas chinas algunas obras que por ley requiere un concurso vía licitación, si finalmente es el Estado el que paga. Cómo se conseguiría el eventual apoyo parlamentario para asumir más deuda pública, si éste fuera el camino ineludible. Y bajo qué reglas argentinos y asiáticos podrían compartir negocios. Sólo después, la “intención” podría dejar de ser sólo eso.