- Faculta al Ejecutivo a establecer el sistema cambiario.
- El Banco Central podrá comprar y vender divisas.
- Se deroga toda norma legal que autorice indexaciones, actualización monetaria o cualquier forma de repotenciación de precios.
- El Ejecutivo dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto de la devaluación sobre el patrimonio de personas y empresas que mantuviesen deudas o créditos en dólares con el sistema financiero.
- Los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito o de débito, por consumos realizados en el país, serán consignados y pagaderos en pesos.
- Quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o indexatorias basadas en índices de precios de otros países en contratos de servicios públicos.
- Los compromisos de pago por contratos entre particulares, establecidos con cláusulas de ajuste en dólares, serán cancelados en pesos al cambio de uno a uno.
- Faculta al Ejecutivo a regular precios de insumos, bienes y servicios críticos.
- Suspende los despidos sin causa justificada por dos años.
- El Estado podrá interponer recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema cuando se dicten medidas cautelares que afecten el desenvolvimiento de actividades esenciales.