El consenso de los especialistas en finanzas es que la finalización del proceso de canje de deuda consolidado con la emisión de los nuevos bonos significa sencillamente empezar a pagar. Es decir, la persistencia en una férrea disciplina fiscal con el mantenimiento de elevados superávit, lo que no evitará que en los próximos años las necesidades de financiamiento continúen condicionadas por los pagos a los organismos internacionales. Las duras obligaciones a futuro no impidieron que las consultoras de la city consideren que la operación fue un éxito, no sólo por la quita obtenida, sino también por la pesificación de un tercio de la deuda total. Otro dato destacado fue la “marginalización” del problema de los bonistas que rechazaron la operación.
El éxito financiero del canje no residió sólo en haber conseguido una quita en torno al 70 por ciento sobre el capital original, sino también en haber aumentado la “pesificación” de la deuda. Mientras en diciembre del 2001 sólo el 3,2 por ciento de los pasivos se encontraba nominado en pesos, hoy se encuentra en esta situación el 33 por ciento. Si bien el resultado respondió en parte a las expectativas de ganancias cambiarias (la apreciación del peso) por parte de los bonistas, la nueva composición reduce la vulnerabilidad a los shocks externos. Adicionalmente, esta porción puede pagarse con recursos propios (no hacen falta divisas) y, en caso de una crisis grave, existe la posibilidad de licuarla.
Otro cambio importante es la relación deuda-PIB que, luego de haber llegado al 140 por ciento en el 2003, se redujo al 85 en la actualidad. Adicionalmente, los analistas destacan que, en el caso argentino, el indicador no es directamente comparable con otros países. Dado que las tasas de la deuda local son inferiores a las de mercado, ello permitirá una reducción más rápida de la relación. Si se cumple el escenario trazado por el Ministerio de Economía, en 10 años podría llegarse al 46 por ciento. Vale destacar, no obstante, que se trata de un indicador muy sensible a las variaciones del tipo de cambio real, al resultado fiscal y al crecimiento del PIB.
En términos de composición, el 58 por ciento de la deuda quedó en bonos (incluidas la emisiones post-default y las deudas provinciales), mientras que los organismos siguen representando el 20 por ciento del total. Este es el 78 por ciento de la deuda en situación regular. El 22 por ciento restante son quienes rechazaron la oferta de canje (17 por ciento) y el Club de París y deuda bilateral.
Por el lado de las obligaciones, el escenario de pagos futuros supone el mantenimiento de niveles de superávit fiscal similares al actual, esto es en torno al 4 por ciento del PIB (unos 6 mil millones de dólares) o del 5,5 cuando se consolida el excedente primario de la Nación y las provincias. No debe olvidarse que para conseguir esta situación fiscal la recaudación nominal debió crecer más del ciento por ciento desde el 2001 –el 33 por ciento en términos reales– y los salarios pagados por el sector público, incluidas las jubilaciones, se mantuvieron cerca del 25 por ciento por debajo de la evolución de los precios.
Al momento de evaluar las necesidades concretas de financiamiento para los próximos años, existe alguna discrepancia entre las distintas consultoras. También un factor de indefinición determinado por el tipo de acuerdo que finalmente se consiga con el FMI. Una de las proyecciones sostiene que si se asumen pagos anuales netos a los organismos de 500 millones de dólares, las necesidades de financiamiento serán del orden de los 3700 millones entre el 2005 y el 2010. De acuerdo con el programa financiero presentado por el Gobierno, unos 450 millones de dólares anuales provendrán de los fondos de las AFJP.
Un dato no menor del resultado del canje es que, a pesar del ruido internacional motorizado por los organismos financieros, quienes quedaron fuera de la operación, perdieron. Al margen del éxito o fracaso que consigan los fondos buitre en su costosa apuesta judicial, el resto deberá subordinarse a la propuesta que, en algún momento indefinido, realizará el Estado argentino.