ECONOMíA • SUBNOTA › OPINION
› Por Maximiliano Montenegro
Los números difundidos por el Indec confirman que hay una “inflación oficial” para cierta parte de la sociedad y una inflación para los pobres, que es mucho más alta. La “canasta básica alimentaria” –que mide la llamada línea de indigencia– aumentó en febrero 1,1 por ciento, casi triplicando al IPC. El valor de la cesta, para una familia tipo –matrimonio y dos hijos– alcanzó en febrero los 393 pesos, 4 pesos con 30 centavos más que el mes anterior. Turismo e indumentaria, los dos rubros que salvaron el índice de febrero, no tienen relevancia en los patrones de consumo de los excluidos.
Hay una forma sencilla de poner en contexto este aumento. Según los datos de Artemio López, el sociólogo favorito del presidente Kirchner, 4,4 millones de argentinos sobreviven con 2 pesos diarios. Así que el encarecimiento de la cesta de los pobres en febrero se comió dos días de subsistencia de esos argentinos.
Desde la devaluación, el IPC creció 77 por ciento. La canasta de alimentos 107 por ciento. La educación privada, a la que no acceden los pobres, 36 por ciento. La garrafa de gas de 10 kg, que sí utilizan los pobres, más del 150 por ciento.
El Estado agrava las injusticias que provocan la inflación de los pobres. La clase media acomodada y la clase alta pueden aprovechar los descuentos de hasta el 15 por ciento en las compras de sofisticados electrodomésticos o paquetes turísticos y pagarlos en 12 o 24 cuotas sin interés. Para colmo, para pagos con tarjeta de débito gozan de un beneficio extra de descuento del 5 por ciento (en el IVA) y si abonan con la de crédito, un 3 por ciento. Por esos descuentos, el Estado deja de recaudar unos 600 millones de pesos anuales.
Se calcula que la canasta de consumo de un hogar pobre se compone en más de un 60 por ciento por alimentos. En el caso de un hogar indigente, casi la totalidad es comida.
Así que los pobres no sólo compran los productos que más aumentan sino que deben pagar íntegramente el 21 por ciento de IVA. La paradoja puede llevarse a otro extremo: el ingreso de un obrero está hoy alcanzado por el impuesto a las Ganancias, mientras que las rentas financieras o las ganancias de capital en títulos y acciones están exentas.
En el Gobierno dicen que con Lavagna era peor. Que los acuerdos lograron desacelerar la inflación de los pobres. Por lo visto, no fue suficiente.
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