Julio De Vido admitió ayer la aspiración oficial de que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones inviertan en infraestructura, en particular en obras energéticas. El convite oficial atrae mucho a las AFJP, varias de las cuales hace tiempo están analizando esa alternativa con interés. La clave para ellas, sin embargo, es obtener un rendimiento por encima del que sugirió ayer el titular de Planificación.

“Creo que es una inversión muy interesante, que ofrece casi un 7 por ciento de interés de tasa de retorno”, se entusiasmó el ministro, quien estima que gran parte de los recursos ociosos del sistema previsional privatizado podrían ir a costear “obras como Atucha III o una Central Embalse II”. Es el mismo planteo que había hecho días antes del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, en un foro de la Fundación Mediterránea, destacando que esos fondos son “los únicos ahorros a largo plazo de que disponen los argentinos”.

El primer atributo que tiene la operación propuesta es permitir el calce entre activos y pasivos del sistema previsional privado, que por ahora sólo paga una porción menor del total de haberes. La situación cambiaría de aquí a unos quince años, cuando el drenaje de recursos para honrar las jubilaciones del sistema sería mucho mayor. Pero por entonces las AFJP deberían terminar de recuperar los posibles desembolsos que hayan hecho para obras de infraestructura.

Las administradoras tienen liquidez. La normativa actual sólo les permite invertir una porción menor en activos extranjeros; tienen un mayor margen para títulos locales, pero el Gobierno no licita tanto como para cubrir ese cupo. La cuestión decisiva es, entonces, qué rendimiento podrían obtener con aquella inversión a largo plazo.

El 7 por ciento al que aludió De Vido les resulta a priori poco alentador, a menos que se trate de un rendimiento real (el que resulta tras descontar la inflación). Justamente, la movilidad de los precios resulta una de las principales restricciones para este esquema: si las AFJP no consiguen una cobertura contra ese aumento, difícilmente se embarquen en este sistema de financiamiento de obra pública.

Con ese objetivo logrado, una tasa de entre 2 y 5 por ciento real sí podría transformar este negocio es una opción viable, ya que se aproximaría al que hoy obtienen los ahorros previsionales por las inversiones financieras. Un acuerdo con esta cobertura, sumado a alguna garantía firme de repago, seduciría definitivamente a las administradoras.