La Cámara de Diputados le dio media sanción al régimen de promoción de exploración de hidrocarburos a través de exenciones impositivas, que van desde “diferir” el IVA y el impuesto a la Ganancias hasta eximir a las empresas petroleras de la Ganancia Mínima Presunta y de derechos de importación. Claro que para acceder a los beneficios, las compañías deberán asociarse con Enarsa, que a su vez permitirá subdividir las áreas ya adjudicadas para incorporarlas al nuevo esquema impositivo para el sector. Casi todo el arco opositor equiparó el proyecto oficial de entrega de subsidios a las petroleras –cuyos montos todavía se desconocen– con el “saqueo” que significó la privatización de YPF, además de cuestionar el papel de Enarsa, que será la que tendrá las llaves para la selección de los beneficiarios y sus futuros socios.

El texto definitivo del proyecto, después de varias modificaciones, estuvo recién redactado al mediodía –apenas unas horas antes de su tratamiento– y el oficialista Frente para la Victoria necesitó tres miembros informantes para fundamentar el régimen de promoción de exploración de hidrocarburos a través de exenciones impositivas.

La fueguina Rosana Bertone, presidenta de la Comisión de Energía y Combustible, justificó la iniciativa en la necesidad de aumentar las alicaídas reservas de gas y petróleo, que la “participación de Enarsa es la garantía obligada para el Estado” y esgrimió que “la asociación con Enarsa en la subdivisión de áreas “le permite ingresar en las áreas ya concesionadas a privadas y recuperarlas para el Estado”. Su intervención cosechó tibios aplausos.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el jujeño Carlos Snopek, se encargó de explicar que las compañías que exploren no estarán exentas de todos los impuestos: “el IVA y el impuesto a las Ganancias se pagarán en forma diferida” cuando exploten los recursos explorados, aunque los beneficiarios del régimen de promoción si gozarán de la exención de los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y de derechos de importación.

El primero en criticar el proyecto oficial fue el diputado de la CTA Lozano Claudio, que compartió su tiempo y un dictamen en minoría con el entrerriano Lucio Godoy. Lozano cuestionó “el uso de más recursos públicos para explorar, el único riesgo que tienen las compañías petroleras, que han tenido una explotación depredatoria, y exportación intensiva, pero no invirtieron un peso en explorar. Esta es la estrategia del Estado bobo”, afirmó. Luego el representante de la central sindical criticó al Gobierno, que mientras “cobra impuesto a las Ganancias a los trabajadores petroleros, exime del mismo impuesto a las empresas petroleras”. Lozano cerró su intervención responsabilizando al “Congreso de convalidar la depredación vigente y los 15 mil millones de dólares anuales de renta petrolera que se van del país”.

La UCR, que había planteado algunas disidencias sobre el proyecto, terminó por oponerse de plano a la iniciativa oficial. Miguel Giubergia, de la UCR de San Luis, hizo referencia a la inclusión de un IVA (del 11,5 por ciento a las harinas) “al pan mientras se desgrava impositivamente a las petroleras”. El justicialista Nacional Jorge Sarghini criticó “la negación del Gobierno sobre la crisis energética” y la “falta de modelo energético” y calificó como “muy mal proyecto” la iniciativa que “no promueve emprendimientos sino empresas”, que “son los dueños del negocio”.

Elisa Carrió fue otra que se sumó al coro de críticas al proyecto. Después de repasar las crisis mundiales, Lilita igualó el proyecto oficial con “la entrega de YPF”, y dijo que mientras la Argentina subsidia a las compañías, como la española “Repsol que con la renta que produjo la explotación de petróleo en la Argentina financia exploraciones en Europa y Africa”. El jefe del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, le puso título periodístico a la sesión de ayer en diputados: “Aumenta el pan y entregan subsidios a las petroleras” y pidió la creación de una comisión bicameral de seguimiento del tema petróleo.

La derecha parlamentaria también cuestionó los alcances del proyecto. Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) se opuso a que Enarsa sea la “única” encargada de sellar los acuerdos para la exploración con los privados, relegando a las “empresas estatales provinciales”, con un argumento estatista: la suma del 50 por ciento que las compañías tendrán en la sociedad, sumados al 35 por ciento que tienen de las acciones de Enarsa, los privados se quedarán con la mayoría del paquete del negocio”. Aunque esta vez con pocos aliados, el oficialismo consiguió 121 votos contra 74 de la oposición para darle media sanción a una ley polémica.