Aunque nunca se consideró un político, Héctor Arce Zaconeta inició su militancia asesorando legalmente a los movimientos sociales. Así conoció al cocalero Evo Morales, sin saber que años más tarde el dirigente sindical se convertiría en presidente de Bolivia y él en su mano derecha. De traje y anteojos, el profesor de Derecho ya no ejerce. “Ahora sólo apago incendios, no nos dejan gobernar”, señaló Arce, el actual viceministro de Coordinación Gubernamental, a Página/12. De visita en Buenos Aires, el lunes pasado se reunió con el canciller argentino, Jorge Taiana, quien a continuación emitió un comunicado con un fuerte respaldo para “el pueblo y el gobierno de Bolivia”. Mientras la oposición pugna por una autonomía unilateral de los departamentos que maneja, el funcionario cree en el diálogo. “No vamos a apostar a la violencia, aunque la derecha se radicaliza y también algunos movimientos de izquierda”, prometió.

–¿Qué lo trajo a la Argentina?

–La política inmigratoria y la iniciativa del voto de los ciudadanos bolivianos en el exterior. Pero también vine a informar para que sepan lo que ocurre en Bolivia y que el gobierno argentino pueda pronunciarse cuando lo considere necesario. La estabilidad de mi país es importante para toda la región.

–La OEA visitará su país...

–Sí. La misión va a ser presidida por el secretario general, José Miguel Insulza, y el ex canciller argentino Dante Caputo, en respuesta a la solicitud del gobierno boliviano. Queremos que observen mejor lo que está pasando en el país. Por eso se pondrán en contacto con los actores involucrados para guiar o sugerir un camino. Este no es otro que el diálogo que está impulsando el gobierno nacional para compatibilizar el proyecto de la nueva Constitución con los proyectos de autonomía en un marco de absoluta legalidad, como es el Congreso nacional.

–La semana pasada la Corte Electoral anuló el referéndum autonómico de la oposición y el plebiscito del gobierno para aprobar la Constitución y definir el uso de tierras. ¿Esto no agrava las tensiones?

–Deberían disiparse. La Corte repuso la legalidad plena en el país en un momento en que la derecha se radicaliza, pero también algunos movimientos de izquierda. Es auspiciosa la decisión porque nos señaló el camino para sentarnos nuevamente a la mesa del diálogo.

–¿Qué problemas presentaban los referendos?

–El tiempo. Ante una posición muy intransigente de Santa Cruz de llevar adelante su referéndum autonómico el 4 de mayo, el Congreso decidió llamar para la misma fecha también a la aprobación de la nueva Constitución, pero 60 días era un plazo muy pequeño. Lo impulsamos para que no haya estatutos ilegales, al margen de la Constitución. La Carta Magna vigente no establece ninguna forma de autonomía, por lo que pretender aplicar esos estatutos produciría un choque muy peligroso para el estado de derecho. En Argentina los partidos dejan gobernar a los otros, a nosotros no nos dejan. Ahora sólo apago incendios.

–Y si los prefectos avanzan igual con la autonomía...

–Esperamos que no sea así, que no manchen de ilegalidad la consulta popular. Si ello ocurre, invalidarán los resultados de sus propios referendos. El gobierno en ningún momento va a apostar a la violencia, pero tenemos la responsabilidad de hacer respetar la democracia.

–¿Qué va a suceder con el gas que Argentina pide a Bolivia?

–En la última reunión de presidentes en Buenos Aires, donde estuvieron Cristina Fernández, Luiz Inácio Lula da Silva y Evo Morales, se acordó la conformación de una comisión para resolver los requerimientos argentinos y priorizar a quienes más lo necesitan.

Entrevista: Juan Manuel Barca.