Una misión de observación de la OEA que debía llegar hoy a Bolivia fue diferida sin fecha a último momento por razones de salud del ex canciller argentino Dante Caputo, que iba a presidirla. La misión tenía el objetivo de monitorear una delicada situación política, en momentos de máximo distanciamiento entre el gobierno y seis prefectos (gobernadores), que, según dicen, han perdido la confianza en el presidente Evo Morales.

La oposición había expresado sin embargo sus reservas a la misión mediadora de la OEA. “Nos parecería interesante tener seguimiento internacional, pero un seguimiento confiable, no como el del secretario general de la OEA, que vino aquí a hablar sólo con el gobierno, se bajó del avión y dijo después del acuartelamiento de Sucre, donde hubo cercos en la Plaza Murillo, además de tres muertos y centenares de heridos, que todo le parecía normal”, protestó el ex presidente Jorge Quiroga, cabeza de la oposición política. Se refería así a la labor del chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, quien visitó Bolivia tras las violentas protestas a finales de noviembre pasado en la sureña ciudad de Sucre.

En la actual crisis política, el gobierno del presidente Evo Morales ha hecho acercamientos para conciliar posiciones, pero la oposición tiene reservas acerca de la franqueza de las intenciones del diálogo que invoca el Ejecutivo. “A estas alturas creemos que es imprescindible la mediación de la Iglesia. Para ser muy francos, creemos que la única forma efectiva de sentar actores políticos, regionales, gubernamentales en una mesa, es mediante una convocatoria del cardenal Julio Terrazas, porque se ha incubado una gran desconfianza”, opinó Quiroga.

Actualmente el país se halla enfrascado en un debate jurídico-político sobre la realización de referendos propuestos por el gobierno para validar una Constitución que la oposición considera ilegítima y consultas de departamentos para otorgarse autonomías que el gobierno considera ilegales. Las discrepancias entre el gobierno y los líderes civiles y prefectos de seis de las nueve regiones bolivianas están focalizadas en estos regímenes autonómicos a los que aspiran, algunos de ellos, como en el caso de Santa Cruz, con marcado sesgo secesionista.

El estatuto autonómico de esa región, la de mayor desarrollo del país, pretende crear su propia policía y llevar su propio registro de ciudadanía, prescindiendo del poder central, según denuncia el gobierno. Además está como telón de fondo un irresuelto antagonismo entre los “cambas”, ciudadanos de los sectores llaneros, y los “collas” de los Andes, que apoyan a Morales. Por lo pronto, el Tribunal Nacional Electoral ha considerado nulas las convocatorias a estas consultas –previstas para mayo–, aunque tanto gobierno como oposición buscan que los referendos se realicen.

La Asamblea Constituyente y el máximo tribunal de Justicia de Bolivia abrieron un nuevo foco de conflicto, tras la decisión de los magistrados de procesar a la directiva del foro deliberativo y el consecuente rechazo de asambleístas de ir a juicio. La Corte Suprema de Justicia publicó ayer en la prensa local edictos de citación para siete miembros de la directiva.