La Iglesia Católica de Bolivia se reunirá hoy con los prefectos departamentales para convencerlos de que dialoguen con el gobierno. Los obispos intentan reabrir las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, en momentos en que el Ejecutivo prepara movilizaciones para frenar el referendo autonómico de la provincia rica de Santa Cruz. La iniciativa eclesial fue anunciada ayer luego de que el Palacio del Quemado amenazara con enjuiciar a los líderes opositores santacruceños por su intento secesionista. Asimismo, el presidente Evo Morales pidió a su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que interceda ante el mandatario estadounidense, George W. Bush, para detener lo que denunció como una campaña norteamericana de apoyo a la oposición boliviana.

La reunión con los prefectos será uno de los últimos intentos de los obispos para posibilitar que las dos partes negocien los cambios constitucionales antes del 4 de mayo, cuando Santa Cruz pretende aprobar su autonomía por cuenta propia. Aunque el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que asistirá a la reunión sólo para hablar sobre una eventual reapertura del diálogo, advirtió que cualquier negociación política con el gobierno debe ser sólo después del referendo. “Este no será un diálogo para considerar la realización o no de nuestro referendo, porque esta fiesta democrática no tiene vuelta de hoja; sólo expondremos nuestra posición sobre la legalidad del mismo y del fiel cumplimiento de las leyes”, dijo.

En una señal de que los tiempos se acortan, el gobierno boliviano convocó a organizaciones sociales a movilizarse contra el referendo autonómico y Morales anunció acciones judiciales contra sus promotores, al relanzar su campaña para que se apruebe el proyecto oficial de nueva Constitución. “No les tengo miedo a los estatutos autonómicos, porque fueron hechos por una minoría. Mientras esté legal y constitucionalmente elegido como presidente, nos sacarán muertos del palacio de gobierno”, advirtió en El Chapare, en el centro del país, donde tiene su bastión político.

Algunas organizaciones campesinas afines al gobierno anunciaron que harán un cerco a Santa Cruz e impedirán la distribución de urnas en las áreas rurales para obstaculizar el referendo, que puede ser un impulso para consultas similares convocadas para el 1º de junio en los departamentos Tarija, Beni y Pando.

Sin retroceder un solo paso, el prefecto y organizaciones cívicas de Santa Cruz preparan brigadas juveniles para garantizar la seguridad ese día, después de que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ordenara a la policía que se abstenga de hacerlo por tratarse de una consulta ilegal.