Mientras el gobierno boliviano intenta frenar el referéndum autonómico en Santa Cruz, el comité cívico empresarial de ese departamento anticipó ayer que además pretende elegir nuevas autoridades. “Lo que seguirá al referéndum del domingo 4 de mayo será la elección de nuestras autoridades”, amenazó el vicepresidente del organismo Luis Núñez. Otro líder reconocido del comité se mostró en la misma tesitura. “Nada nos detendrá”, dijo el empresario Branko Marinkovic. En un intento de calmar las aguas, el presidente Evo Morales salió a desmentir las versiones mediáticas que advertían sobre la posibilidad de que el gobierno decretara el estado de sitio para controlar Santa Cruz. Al cierre de esta edición, la reunión entre la oposición y el obispado, convocada para abrir una mesa de negociación con el gobierno, estaba en proceso.

Conscientes de que el gobierno había puesto esperanzas en la mediación de los obispos, un sector de la oposición autonomista salió a barrerlas. Fue Luis Núñez quien se encargó ayer de echar más leña al fuego al anunciar que 90 días después del referéndum autonómico del 4 de mayo, habrá elecciones para las nuevas autoridades de Santa Cruz. El vicepresidente del comité cívico se amparó en los artículos 22 y 26 del estatuto autonómico, que el gobierno central declaró inconstitucional después de que esa región lo aprobara de manera unilateral. Según el texto, los 35 miembros de la Asamblea Legislativa Departamental, al igual que el futuro gobernador, vicegobernador y subgobernadores deberán ser elegidos por voto directo.

Desde que arrancó la convocatoria al referéndum para ratificar el estatuto, una crisis institucional conmueve Bolivia. El último suceso se produjo el fin de semana pasado, cuando el director y el vicepresidente del Instituto Nacional Rural Agrario fueron detenidos por terratenientes y grupos armados. Consultado por Página/12, el legislador del MAS César Navarro dijo que los funcionarios intentaban verificar el uso que se les daba a unas tierras. En este conflictivo escenario, Evo Morales invitó días atrás a gobiernos amigos a enviar emisarios a Bolivia, en un intento desesperado por frenar la consulta ciudadana.

Aunque el referendo no tiene respaldo legal de la Corte Nacional Electoral, la fuerza del mismo radica en el respaldo que le brindan los principales industriales, terratenientes y líderes políticos opositores de la región cruceña, la más rica del país en recursos energéticos. Uno de ellos es el líder del comité de Santa Cruz y rico agroindustrial aceitero, Branko Marinkovic, que ayer se mostró confiado en la inevitabilidad de la consulta. “Tendremos una elección más, para elegir a nuestro gobernador o prefecto, no importa el nombre, y a los consejeros departamentales que serán miembros de nuestra Asamblea”, dijo.

A medida que la oposición avanza con su consulta en Santa Cruz, cada vez son más los sectores que desde el otro lado del cuadrilátero están dispuestos a detenerla. El 4 de abril los mineros de Huanuni hicieron un pronunciamiento en el que además de reclamar al gobierno la aplicación de las agendas de 2003 y 2005, amenazaron con destruir a la “oligarquía”. “Exigimos al gobierno aplicar de una vez y por todas los verdaderos cambios estructurales, las más enérgicas medidas para desmontar el fraude del referéndum autonómico y que nos entregue medios y recursos para terminar con las logias cívicas y empresariales”, indica el texto.