El ataque colombiano contra el campamento de las FARC en Ecuador se cargó a tres nuevas víctimas ayer. A más de un mes del bombardeo, el presidente Rafael Correa removió a su ministro de Defensa, Wellington Sandoval, como había hecho 48 horas antes con el jefe de Inteligencia Militar. La cúpula militar, centro de las críticas del gobierno desde la incursión colombiana, esta vez no disimuló su malestar. Inmediatamente después del anuncio, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, general Héctor Camacho, y el comandante del ejército, general Guillermo Vásconez, presentaron sus renuncias, que según fuentes gubernamentales ya habrían sido aceptadas. En el gobierno no querían hablar de crisis, aunque reconocían que todavía quedaban fichas por caer.

La reacción en cadena que terminó con la cúpula militar comenzó con una denuncia del diario quiteño El Comercio. Según publicó el matutino el sábado pasado, la oficina de inteligencia del ejército recibe anualmente, en concepto de “intercambio de información”, entre 16 y 18 millones de dólares de la CIA, la agencia de espionaje estadounidense.

“Cortaremos todo eso y tendremos servicios de inteligencia ecuatorianos, no para servir a potencias extranjeras, y por intermedio de ellos para servir al agresor de nuestro país”, había dicho Correa ese mismo día. Esa supuesta injerencia norteamericana en la frontera norte habría operado para que Correa se enterase tarde y mal de la violación territorial de las tropas colombianas cuando todo había terminado. “Fue una humillación. Se enteró tarde y por una llamada de Uribe”, aseguró enojada una fuente cercana al presidente que pidió no revelar su nombre para no interferir con nuevas decisiones que podría tomar Correa en los próximos días.

Según confiaron a este diario tres militares retirados que también pidieron no dar su nombre para no complicar aún más la relación entre el gobierno y el sector castrense, la supuesta influencia de la CIA es sólo una excusa. “Los contactos de la CIA existieron, existen y existirán”, aseguró uno de ellos. Para los oficiales retirados los vínculos con la inteligencia estadounidense no son injerencias, sino “cooperación”. Cooperación que aún continúa en Ecuador. El martes pasado, el general Camacho inauguró en el hotel Hilton de Quito un seminario titulado “Desafíos y oportunidades estratégicas”, dictado por un importante oficial del Comando Sur, cuyo nombre la embajada estadounidense no quiso difundir. Lo que tendría enojado a Correa es la seguidilla de errores que cometió la inteligencia, militar y policial, en el último mes. Primero no advirtieron sobre la presencia del campamento de Raúl Reyes que, según la misión de observación de la OEA, “tenía por lo menos un par de semanas”. Segundo, no alertó ni informó sobre el ataque y posterior incursión terrestre y aérea de fuerzas colombianas en el territorio nacional. Por último, Correa tardó casi un mes en enterarse de que un ciudadano ecuatoriano había muerto en el bombardeo. “¡Y se enteró por la prensa!”, recordó aún más enojada la fuente del Ejecutivo.

La cúpula militar no dio muy buenas explicaciones. En un principio dijeron que los radares fallaron. Pero, después de chequear bien sus fuentes, explicaron que en realidad los radares habían sido sacados de circulación para ser reparados. A Correa no lo convenció ninguna de las dos versiones, pero parecía determinado a mantener puertas adentro las diferencias. Sin grandes discursos ni acusaciones, removió al jefe de la Inteligencia Militar a principios de la semana.

El martes, en un acto inédito, la totalidad de la cúpula militar difundió una carta abierta demandando un diálogo directo con el presidente. Fue la gota que rebasó el vaso. La respuesta fue inmediata y, según fuentes gubernamentales, recién empieza. Cayó el ministro de Defensa y la mitad de la cúpula militar y penden de un hilo el resto de los jefes de las fuerzas armadas y de la policía.

Como si el mensaje no fuera lo suficientemente claro, el nuevo hombre en Defensa es el ex secretario personal de Correa, Javier Ponce, un periodista y poeta que más de una vez denunció a las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos en las zonas campesinas.