La Justicia colombiana ordenó ayer la detención del primo del presidente Alvaro Uribe por sus supuestos vínculos con los paramilitares, pero ya era muy tarde. Cuando el delegado de la fiscalía ante la Corte Suprema firmó el pedido de captura a primera hora de la mañana, el ex presidente del Congreso y ex operador político del Ejecutivo, Mario Uribe, estaba en camino a la embajada de Costa Rica. Para cuando la policía bogotana empezó a buscarlo, el ex senador y su abogado ya trabajaban en los argumentos que horas después presentarían ante la embajadora costarricense para solicitar asilo político en la pequeña nación. Anoche, después de un día de hermetismo total, la embajada costarricense estimó improcedente el pedido del ex senador Uribe. Afuera, un centenar de familiares de víctimas celebró la noticia detrás de la valla policial.

Apenas se conoció la noticia a la mañana, Iván Cepeda empezó a movilizar a su gente a la embajada costarricense. Cuando el líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado llegó al fondo de la calle sin salida, sólo hacían guardia los tres policías que suelen vigilar la casa de una planta que hace de embajada. Previendo los refuerzos que más tarde llegarían, él y sus compañeros se apuraron en decorar las rejas con fotos de algunos de los miles de asesinados y torturados por los grupos paramilitares. Cepeda contó que en el medio de las caras, “se destacaban las figuras de un hombre de traje y corbata y otro camuflado de pies a cabeza, con un brazalete con la sigla AUC (Autodefensas Unidad de Colombia)”.

Hace seis años, Mario Uribe y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se estrechaban la mano con una sonrisa similar a las de las figuras de las rejas. Según contó el propio Mancuso ante la Justicia, se reunió con el primo del presidente dos veces para negociar el apoyo de las AUC para las elecciones legislativas de 2002 en el departamento de Córdoba. “Le dimos los votos”, reconoció el ahora paramilitar desmovilizado. En aquellos comicios, los candidatos de Uribe (primo) en esa región arrasaron.

El ex senador Uribe ya habría probado la efectividad de los paras cuatro años antes, cuando le pidió a otro jefe de las AUC devenido en testigo estrella, Jairo Castillo, que lo ayudara a correr a algunos hacendados y campesinos que no querían entregar sus tierras en su natal Antioquia. Según explicó ayer su abogado, todas las denuncias son falsas y hacen parte de una “persecución política” contra su cliente, quien no obstante renunció a su banca no bien empezó la investigación el año pasado.

Ayer el senador opositor Gustavo Petro era uno de los pocos que se negaba a resignarse y aseguraba que, tarde o temprano, los Uribe verán el interior de una celda. “Hay dos razones para recibir asilo político: ser un perseguido político o haber cometido un delito político. ¿Cómo puede Mario Uribe ser un perseguido político si el presidente, su propio primo, no ha hecho más que defenderlo? Y, ¿cómo puede entender Costa Rica que los crímenes contra la humanidad que cometieron los paramilitares son delitos políticos?”, aseguró a este diario.

Cepeda tampoco se imagina a Mario Uribe como un perseguido político. “Es uno de los hombres más poderosos de los últimos tiempos”, sentenció el defensor de derechos humanos. Los que conocen la carrera de Mario Uribe desde sus primeros pasos como juez en lo civil aseguran que no se trata de un familiar más que creció a la sombra del mandatario.

A los 28 años su primo Alvaro lo convenció de que dejara el estrado y se metiera a la política con él. Diez años después los dos primos hacían fórmula para ingresar al Congreso nacional, él en Diputados y Alvaro en el Senado. La pareja demostró ser imbatible y lo repitieron hasta que su primo empezó a ascender más rápido que él, primero como gobernador y después como presidente. Sin embargo, Mario siempre estuvo ahí para apuntalarlo. El consiguió los votos para aprobar la reforma constitucional que le permitió la reelección presidencial en 2006 y redactó la Ley de Justicia y Paz, con la que su primo convenció a los paras de deponer sus armas a cambio de condenas mínimas en cárceles cómodas.