EL MUNDO › EL SECTOR SOJERO PIDIó AL PRESIDENTE ELECTO DE PARAGUAY QUE NO IMPUSIERA GRAVáMENES
“Todo el mundo nos descalifica, como le sucedió al sector rural en Argentina”, dijo Claudia Russel, representante de los productores de soja. También hubo rechazos a las futuras expropiaciones de tierra.
El empresariado rural lanzó ayer sus primeras advertencias al ex obispo Fernando Lugo que el domingo pasado ganó las elecciones presidenciales en Paraguay. “No queremos que pongan impuestos a la soja. Hay muchos sectores que no tributan y mucha plata que no llega a la microeconomía”, dijo a Página/12 Claudia Russel, presidenta de la Asociación de Productores de Soja (APS). Desde la Unión Gremial de ruralistas paraguayos, la posición fue similar y además hubo un rechazo a las expropiaciones que Lugo insinúa dentro de su propuesta de reforma agraria. En cambio, las organizaciones campesinas creen que el campo está en manos de unos pocos y que eso debe cambiar. “Un 77 por ciento de la tierra pertenece a un 2 por ciento de la población, mientras los productores familiares están en crisis”, señaló a este diario Elvio Trinidad, del Movimiento Campesino Paraguayo.
Tres días después del triunfo en las urnas de la Alianza Patriótica para el Cambio que conduce Lugo, ayer se observaron algunas señales de reacomodamiento en el empresariado. Mientras la Cámara de Anunciantes del Paraguay se mostró receptiva hacia el próximo gobierno y le pidió reglas claras, desde el campo los pronunciamientos fueron menos contemplativos. Tal es el caso del gremio de la soja, que rechazó de lleno el impuesto a esa semilla que, según los ruralistas, busca imponer el ex obispo. “No queremos que nos tomen como chivo expiatorio. Todo el mundo nos descalifica, como le sucedió al sector rural en Argentina”, dijo Russel.
La presidenta de la ASP reconoce que su organización no ve con buenos ojos al ex religioso. Por eso, Russel explica el ascenso de Lugo como el producto de la ineptitud del gobernante Partido Colorado antes que por la fuerza de su propia alianza. “El nuevo presidente no surge porque la gente lo quiera, sino por un voto castigo contra el mandatario Nicanor Duarte Frutos”, dijo. No obstante, prefiere darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto próximo y dejará atrás 61 años de hegemonía colorada. Russel cree que la alianza opositora es todavía una cosa amorfa. “Tienen una ideología muy mezclada”, añadió.
La misma incertidumbre mostró el presidente paraguayo ante la alianza de Lugo. La coalición es codirigida por el Partido Liberal Radical Auténtico, de centroderecha y segunda fuerza del país, pero al mismo tiempo convive con unos 10 partidos y una docena de organizaciones sociales, sindicales y campesinas de un amplio abanico ideológico. “¿Cómo es posible que un discípulo de la Teología de la Liberación, de la colectivización de los medios de producción, pueda entenderse y conciliar para gobernar con un ultramercadista?”, se preguntó Duarte Frutos, en referencia a Lugo y su compañero de fórmula, Federico Franco, del PLRA.
La otra entidad que puso sobre las mesas algunas diferencias fue la Unión Gremial que reúne a todas las organizaciones de empresarios rurales. Uno de sus directivos mostró sus recaudos frente a la reforma agraria integral que impulsa el ex obispo. “Puede que haya concentración de la tierra pero ése no es el problema”, dijo Hector Cristaldo, quien no ocultó su simpatía hacia el lockout adoptado semanas atrás por sus pares argentinos. Cristaldo apoya la iniciativa de Lugo de hacer un nuevo censo nacional, pero rechaza la expropiación y los impuestos. “Eso no lleva a nada”, señaló. “En 2004 y 2006 conseguimos eliminar leyes para poner retenciones al campo. Cuando se pasa la raya nosotros también hemos salido a la ruta”, dijo.
Mientras tanto, los campesinos siguen peleando por la distribución de las tierras y contra el avance de la agricultura empresarial. “Vamos a luchar y a movilizarnos. Acordamos con Lugo la reforma agraria y la soberanía nacional”, dijo Elvio Trinidad, un líder del Movimiento Campesino que impulsó la alianza opositora. Según Trinidad, 12 millones de hectáreas fueron mal adjudicadas durante la dictadura. Ahora, cree, es el momento de recuperarlas y frenar la sojización. “140.000 campesinos abandonan por año sus tierras por la invasión de la soja. Comunidades enteras desaparecieron”, denunció.
Informe: Juan Manuel Barca.
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