Desde Santa Cruz

El gobierno boliviano compró acciones para convertirse en el socio mayoritario de las petroleras Andina, Chaco, Transredes y la Compañía Logística Hidrocarburífera Boliviana, antes manejadas por capitales argentinos, peruanos, españoles, ingleses, holandeses y alemanes. También recuperó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), hasta ayer administrada por la italiana Euro Telecom Internacional (ETI). El presidente Evo Morales hizo el anuncio a miles de personas que celebraban el Día del Trabajador en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. “Queremos socios, no dueños de nuestros recursos naturales”, sostuvo desde el palco. Y aprovechó para responderle al gobierno de Estados Unidos, que en un informe del Departamento de Estado señala a Bolivia como “posible lugar para actividades terroristas” por su vínculo con el gobierno de Irán.

Con Repsol-YPF, de capitales argentinos y españoles, el gobierno llegó a un acuerdo. Con el resto de las empresas tuvo que avanzar mediante decretos. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el edificio de Transredes –participada por la británica Ashmore y la anglo-holandesa Shell– tiene vigilancia policial para que nadie saque documentos. En la ciudad cruceña de Camiri ocurre lo mismo ante la sede de la empresa Chaco, administrada por el grupo British Petroleum. Tomás García Blanco, representante de Repsol-YPF, firmó en el Palacio Quemado la venta de acciones al Estado por 6 millones de dólares. Luego expresó “la satisfacción por haber cumplido con el deseo del pueblo boliviano de recuperar la mayoría accionaria en las compañías capitalizadas”. Y se comprometió a “seguir trabajando de manera coordinada con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) para mostrar un ejemplo modelo entre una empresa estatal y una privada”.

Por su parte, Morales sostuvo que “el país necesita de verdad inversiones. El gobierno boliviano garantizará a las empresas que respetan las normas bolivianas que inviertan como socios y de esta manera seguir explorando y explotando los hidrocarburos”.

Mediante el Decreto Supremo 29.544, el gobierno también nacionalizó la empresa de telecomunicaciones Entel. Morales garantizó la estabilidad laboral para los trabajadores por medio de otro decreto. E indicó: “Si hemos tardado más de dos años (en la estatización de Entel) no ha sido por flojera, no ha sido por negligencia. Intentamos dialogar, negociar con Euro Telecom, los ministros hicieron esfuerzos, pero lamentablemente no hubo voluntad”.

ETI, que estaba en litigio con Bolivia ante el centro de arbitrajes internacionales Ciadi del Banco Mundial, “tiene una deuda de 200 millones de bolivianos (25,6 millones de dólares)”, según la oficina de Impuestos. El reclamo en este tribunal había motivado que en los primeros días de mayo el gobierno boliviano anunciara su retiro del Ciadi.

Desde el gobierno indicaron que la nacionalización de Entel se debe “al incumplimiento de contratos, malos manejos administrativos y falta de transparencia”. En la plaza Murillo, Morales argumentó que “los servicios básicos son un derecho humano”.

Evo también se refirió al informe publicado el miércoles por el Departamento de Estado de EE.UU., en el que declara: “La inestabilidad política, un marco legal débil y fluctuante, el creciente cultivo de hoja de coca y la apertura de relaciones diplomáticas con Irán muestran a Bolivia con un nuevo potencial como posible lugar de actividades terroristas”.

Dijo el boliviano: “Con mucho respeto le pido al gobierno de EE.UU. que retire sus tropas de Irak, así podemos creerle que lucha contra el terrorismo”. Y aclaró que “para un sistema salvaje e inhumano como el capitalismo, las luchas sociales por la igualdad son ‘terrorismo’. El capitalismo debe entender que si no hay igualdad nunca habrá paz. No importa que me sigan acusando porque este camino de cambio no tiene retorno. Algunos sectores opositores hablan de ‘tumbar al indio’ (por él). Podrán tumbar al indio, pero jamás al pueblo boliviano”.