Cueste lo que cueste, la oposición de Santa Cruz se encamina a conquistar el próximo domingo su autonomía mediante un referéndum. De aprobarse la consulta declarada ilegal por el gobierno y la corte nacional, Fabián Yaksic cree que el Estado boliviano perderá 43 atribuciones. “Ya no será más la Corte Suprema el máximo órgano de justicia para ellos y tendrán su propio órgano de policía”, anticipó el viceministro de descentralización del gobierno de Bolivia en entrevista telefónica con Página/12. Especialista en autonomías, Yaksic se sentó más de una vez a la misma mesa con quienes hoy, en clave clasista, amenazan con serrucharle el piso al “indio presidente” y recuperar el control mayoritario de los vastos recursos económicos concentrados en la región cruceña. “Es la base para un Estado semisoberano de facto”, denunció el funcionario.

–¿Qué consecuencias traerá la aprobación del referéndum en Santa Cruz?

–El departamento cruceño va a tener 66 competencias que corresponden al gobierno nacional. Según los estatutos autonómicos, 43 de esas atribuciones son de carácter exclusivo del departamento, por lo que el gobierno nacional no tendría nada que hacer. Así dejarían de estar sujetos a políticas públicas como la legislación, el régimen electoral, educación, agricultura, minería, forestación, telefonía, telecomunicaciones, biocombustibles, trabajo y tributos. En cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables como los hidrocarburos, ellos se producirían una legislación por lo que la discusión sobre esto quedaría en sus manos. En conclusión, más de la mitad de sus competencias cercena la política nacional.

–¿Para qué le sirve la autonomía a la oposición?

–Es un instrumento de negociación para el prefecto o en el peor de los casos la base para un Estado semisoberano de facto. De esta forma, pasan por encima al Estado con la Justicia e invaden sus competencias. Ya no será más la Corte Suprema el máximo órgano de Justicia para ellos, sino su Corte departamental. Tendrán su propio órgano de policía y su propio defensor del pueblo autónomo.

–¿Quiénes dirigen al movimiento autonómico?

–El prefecto Rubén Costas posibilitó ir a la consulta. Siendo ganadero, llegó a ser el presidente del comité cívico y uno de los miembros más radicalizados. Sin embargo, el giro se dio cuando Branco Marinkovic asumió como presidente del organismo y éste adquirió una impronta más empresarial. Normalmente los dirigentes eran ciudadanos sin relación directa con el empresariado. Pero Marinkovic es propietario de una fábrica de aceites, de varias hectáreas de soja y es un empresario inteligente que ha sabido distorsionar la labor cívica.

–¿De dónde surge la demanda de la autonomía?

–Viene de hace mucho tiempo, por eso tiene legitimidad. Pero aprovechándose de eso, la elite que siempre se benefició del centralismo introdujo sus intereses. Los partidos tradicionales abortaron y desconocieron las autonomías que habían sido reconocidas en su momento. Mientras tanto, el comité cívico de Santa Cruz se desarrolló con fortaleza, pero el grueso de quienes hoy lo manejan son grandes empresarios. Ellos se han radicalizado ante la revolución democrática que impulsa el presidente Evo Morales y desde las regiones pretenden resistir el proceso de cambio.

–¿Cómo piensa el gobierno contrarrestar esa ofensiva?

–Vamos a seguir impulsando la revolución y la agenda de octubre consistente en la nacionalización de los recursos naturales, pero también hay que reconducir la demanda de la autonomía para poder llegar a otras regiones. Ha calado muy hondo la necesidad de una mayor descentralización y tenemos que leer este proceso y plantear la autonomía, pero no así. No tenemos que regalar una bandera a los grupos de poder.

–En los últimos años, la oposición parece haberse fortalecido.

–El MAS cometió un error importante, que fue subestimar la elección de prefectos para ganar la presidencia, perdiendo seis departamentos a manos de la oposición. A partir de eso, empezó a generarse una real oposición.

Entrevista: Juan Manuel Barca.