Desde Madrid

“Si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quién la pare.” Con estas palabras, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que el país se propone extender el límite de días que un inmigrante indocumentado puede estar detenido antes de ser retornado a su país de origen. Actualmente, España es uno de los países junto con Francia que menos tiempo retiene a los inmigrantes en los centros de detención: un máximo de 40 días, pasados los cuales, si la Justicia no decide su expulsión del territorio, el Estado debe dejarlos en libertad. La medida se anuncia el día después del fracasado intento de la Unión Europea por fijar una nueva normativa más dura que la que rige desde hace dos años y medio y que volverá a discutirse en Bruselas el próximo miércoles. Soplan malos vientos para los inmigrantes en todo el continente, a raíz de la extensión de la crisis económica que tiene su epicentro en Estados Unidos y producto del giro cada vez más pronunciado de la opinión pública hacia posiciones xenófobas y racistas.

Pérez Rubalcaba no pudo evitar ayer mostrar la incomodidad que le produce hablar de un tema “dolorosísimo” como es el de la devolución de los inmigrantes a sus países de origen y aseguró que la medida no significa “un recorte de derechos”, al tiempo que defendió el intento fracasado de la Comisión Europea por fijar una normativa para impedir que haya países como Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia que ni siquiera establecen un límite a esta detención, por lo que una persona puede pasar indefinido tiempo en la cárcel mientras las autoridades resuelven su situación. Los organismos defensores de derechos humanos y las asociaciones de inmigrantes, sin embargo, creen que la medida que intenta tomar la Unión es violatoria de los derechos humanos, ya que permite incluso que sea una autoridad administrativa, y no sólo la Justicia, la que decida estas detenciones.

El ministro del Interior español defendió la necesidad de ampliar el actual plazo de 40 días, aunque no explicitó en cuánto, debido a las dificultades que presenta el proceso. Actualmente, el Estado español tiene cuarenta días desde el momento en que detiene a un “sin papeles” para establecer su identificación, algo de por sí muy complicado cuando se trata de ciudadanos africanos que normalmente se niegan a colaborar aportando su documentación. Luego se convoca a una comisión del país de origen que certifica que realmente esta persona es quien dice ser, antes de proceder a su repatriación. Una vez más, son los países africanos los que menos colaboran con esta parte del procedimiento. Pasados esos cuarenta días, la ley obliga a que las autoridades liberen al detenido, que sigue ilegal en el territorio.

“Hemos sido siempre muy estrictos con la inmigración ilegal”, afirmó el ministro, quien además recordó que la medida de ampliación de los días de detención ya figuraba en la plataforma electoral del Partido Socialista en las últimas elecciones presidenciales del 9 de marzo. Con respecto a la intención de la UE de fijar en seis meses el tiempo máximo de detención, Pérez Rubalcaba destacó que se trata de una normativa que no es de cumplimiento obligatorio, por lo cual no significa que en España se esté pensando en llegar a ese extremo. No será obligatorio, pero abre la puerta a que se tome una medida más dura en el futuro, alegan las ONG y las asociaciones de inmigrantes, quienes además critican que la propuesta de la Comisión Europea permite explícitamente que el proceso quede en manos de autoridades administrativas y no sólo judiciales como es hasta ahora.

La victoria de Rodríguez Zapatero en las últimas elecciones generales impidió que España pasara a formar parte del club que integra la Francia de Nicolas Zarkozy y la Italia de Silvio Berlusconi, aunque el tema fue introducido en la campaña electoral por el Partido Popular, que propuso un insólito contrato para ser exigido a los inmigrantes. Por esa razón llamó la atención que la administración socialista impulsara junto a estos países una norma tan restrictiva en Bruselas. “Europa, así no”, tituló un editorial del diario El País el día después de que se conociera el proyecto que se volverá a discutir en la capital europea el próximo miércoles y que fracasó esta semana porque un grupo de países pretendían que se hiciera aún más duro. Alemania, Austria y Grecia, por ejemplo, rechazaron la norma porque ni siquiera se quieren hacer cargo de los costos de la asistencia judicial a los sin papeles, mientras Francia no quiere que se proteja a los menores de edad y pretende expulsarlos antes de que acabe el curso escolar, algo que ahora no se permite. Austria, Polonia, Malta y la República Checa rechazaron la medida porque querían menos garantías para los inmigrantes y que el proceso de expulsión no fuera tan prolijo y controlado.

Toda una señal de los malos tiempos que corren en Europa para los inmigrantes, ahora que la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos comienza a destruir empleo en el Viejo Continente al tiempo que la opinión pública vira cada día más hacia posiciones xenófobas y racistas, como demostró el enorme crecimiento de la Liga Norte en las últimas elecciones italianas.