Desde Bangkok

Naciones Unidas y la Junta Militar birmana se enfrentaron ayer a cara de perro por la distribución de la ayuda al millón y medio de damnificados del ciclón Nargis. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) llegó a suspender el envío de asistencia después de denunciar que el gobierno militar había “saqueado” toneladas de alimentos de uno de los aviones recién descargados. Un portavoz gubernamental tachó de “sin sentido” las acusaciones e indicó que las autoridades controlaron la carga “y la distribuyeron de inmediato por las áreas afectadas”. Anoche, ante el autismo de la Junta Militar, la ONU decidió retomar el envío de ayuda.

La actitud inmisericorde de los generales para con su pueblo indigna a Naciones Unidas, que considera que la falta de cooperación del gobierno está causando un “sufrimiento innecesario” a la castigada población. Ban Ki-moon pidió el jueves a los militares que se concentraran en la labor humanitaria y dejaran para una fecha “más prudente” el referéndum constitucional que se celebra el sábado 10 de mayo en el centro y el norte del país, zonas que no han sufrido los estragos del ciclón.

Ban Ki-moon solicitó hablar personalmente con el jefe de la Junta, general Than Shwe, quien ni acudió en estos días a consolar a los damnificados ni atendió la llamada del secretario general de la ONU. Than Shwe siguió adelante con su decisión de celebrar una consulta que la oposición rechaza porque perpetúa el poder de los militares.

La respuesta del generalato, que ve en cualquier indicación política una intromisión en los asuntos internos del país, no se dejó esperar: “En estos momentos, nuestra prioridad es recibir ayuda y distribuirla con nuestros propios medios. No estamos en condiciones de recibir equipos de socorristas, ni periodistas”, señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado aparecido en el diario gubernamental Myanmar Ahlin. Con ello, el ministerio anunciaba que había devuelto a Qatar el avión enviado por ese gobierno cargado de ayuda, en el que viajaban cooperantes y periodistas.

La rabia de las organizaciones humanitarias es evidente. Nadie comprende cómo un gobierno puede cerrar las puertas a centenares de profesionales dispuestos a cooperar y paliar el sufrimiento de cientos de miles de personas inocentes. Además, no es de extrañar que en uno de los países más pobres del mundo el almacenamiento de miles de toneladas de ayuda internacional y la falta de medios para distribuirla desaten la codicia de funcionarios y de empleados con acceso a ella, sobre todo si no hay controles firmes. La Cruz Roja, que tiene 27 mil voluntarios sobre el terreno, tan sólo ha conseguido introducir en Myanmar a ocho especialistas extranjeros.

Cargada con dos millones de euros de la Comisión Europea para distribuir entre la Cruz Roja y otras ONG con las que hace años que coopera en Birmania, Heinke Veit y otros tres especialistas europeos llegaron ayer a Yangón. “Necesitamos más personal. La distribución va demasiado despacio”, lamentó Veit por teléfono desde la antigua capital, donde se van restableciendo la electricidad, las comunicaciones y el acceso a la alimentación. Sin embargo, “apenas ha llegado nadie al corazón de la catástrofe”, añadió.

Las quejas de las ONG son generalizadas, aunque tratan de no alzar la voz para evitar que el gobierno cierre definitivamente las puertas a la ayuda exterior. Acción contra el Hambre afirma que uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta para distribuir ayuda es que no hay gasolina para los vehículos de transporte.

Por otra parte, la Generalitat (gobierno autónomo) de Cataluña (España) proclamó ayer su XX Premio Internacional, que fue concedido ex aequo a la líder opositora birmana Daw Aung San Suu Kyi, y a la doctora birmana Cynthia Maung, que regenta una clínica en la frontera con Tailandia que da cobertura sanitaria a 150 mil personas. El premio está dotado con 100 mil euros.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.