Desde Santa Cruz

En ambos bandos algunos todavía se pellizcan: ¿cómo pudieron ponerse de acuerdo el gobierno nacional y los prefectos? Aceptaron –con más o menos miedo– someterse al “Referéndum Revocatorio de Mandato Popular del Presidente de la República, Vicepresidente de la República y Prefectos de Departamento”, según la ley 1280/2007. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que hoy Evo Morales promulgará la ley. Entonces los políticos en el patíbulo comenzarán una campaña de 90 días para salvarse. Nadie entiende la jugada de la oposición, que controla el Senado. Cuando el presidente boliviano había presentado el proyecto de ley, en diciembre del año pasado, los partidos de oposición la rechazaron porque las condiciones de expulsión favorecían al presidente (sólo se iría si lo desaprobaba el 53,7 por ciento del electorado) y perjudicaban a los prefectos (algunos quedaban afuera con el 37 por ciento en contra). Para proteger a los gobernantes de la”Media Luna”, la oposición había presentado su propio proyecto de referéndum revocatorio para que los prefectos se fueran sólo si el 50 por ciento más uno lo pedía. Esta propuesta no tuvo cabida en la Cámara de Diputados, dominada por el MAS. El jueves, extrañamente, los senadores opositores hicieron ley el proyecto de Evo. Los indígenas que exigen el referéndum por la nueva Constitución y los campesinos ya empezaron la campaña a favor del presidente y en el gobierno se relajan porque –según sus encuestas– Evo tiene el 56 por ciento de apoyo de los bolivianos.

En conferencia de prensa, el senador del opositor Poder Democrático Social (Podemos) Luis Vásquez Villamor explicó el motivo que impulsó la aprobación de una ley que –por lo que se ve– no los favorece. “El gobierno había estado tomando acciones para tomar el Congreso la próxima semana. Tenemos entendido que entre miércoles y jueves querían hacer una sesión en la cual querían designar autoridades y aprobar una ley para que a partir de eso se pueda ir al referéndum constituyente y aprobar su constitución en el lapso de 60 días”, dijo.

Cuando Villamor se refiere a “el gobierno” incluye a los movimientos sociales que apoyan al presidente. El 28 de febrero pasado, por ejemplo, campesinos e indígenas cercaron el Congreso para que no ingresaran a diputados ni senadores de la oposición. Adentro, los legisladores afines al MAS, con apoyo de senadores suplentes de la oposición alineados con el gobierno, aprobaron una ley para que el referéndum ratificatorio de la nueva Constitución se hiciera el 4 de mayo pasado. A los pocos días, la Corte Nacional Electoral se disculpó porque no contaba con la capacidad para organizar elecciones en tan poco tiempo. Sólo siguió en carrera el referéndum autonómico de Santa Cruz, convocado para el mismo 4, porque las autoridades cruceñas desconocieron la orden de la Corte electoral. “La única alternativa posible para reordenar este sistema confuso de acciones que tenemos en el país y volver al cauce de la sensatez del estado de derecho era a través del referéndum revocatorio”, evaluó Villamor.

El senador Carlos Cuasase Surubí, que representa al pueblo Chiquitano, dijo a Página/12 que la movida opositora es una cortina de humo. “La derecha quiere distraernos para que las organizaciones sociales perdamos el tiempo. El año pasado pedimos el referéndum revocatorio, pero creemos que no es un tema de la agenda nacional”, señaló. “Para nosotros la prioridad es el referéndum constitucional.”

En cambio, para el opositor Cuasase todos los referéndum podrían formar parte de un mismo paquete. “En el mismo referéndum revocatorio puede incluirse el referéndum por la nueva Constitución y por el límite de propiedad de tierras, que podría ser 5 mil o 10 mil hectáreas.”

El senador del MAS Antonio Peredo no descartó la propuesta opositora. “La Ley de Referéndum va a ser promulgada mañana así como está, aunque puede haber una ley modificatoria. Pero para eso hay que conversar y sentarse para ponernos de acuerdo entre todos.”

El vocero del Palacio Quemado, Iván Canelas, aseguró que la convocatoria a dialogar el lunes a las 16 sigue en pie. Pero el prefecto de Tarija, Mario Cossío, ya dijo que no: “Ya no creo que tenga sentido sentarse a conversar cuando de aquí a noventa días o cien días hay que consultarle al pueblo qué es lo que piensa. ¿Qué interés tendrá saber qué pensamos cuatro o cinco autoridades que serán sometidas a voto? Sólo nos vamos a sentar a repetir la misma discusión de enero”.

Los dos prefectos que no van bien en las encuestas para el referéndum son el ex militar Manfred Reyes Villa –Cochabamba– y el podemista José Luis Paredes –La Paz–. Paredes dijo que él tampoco acepta el diálogo con el gobierno y que se tiene fe en el referéndum revocatorio aunque los números le jueguen en contra. “He logrado imponerme con un 38 por ciento, o sea que para revocarme el mandato se necesitaría 39 por ciento y para quedarme necesitaría un 63 por ciento. Va a ser bastante difícil, pero creo que he hecho lo suficiente en obras y la gente va reconocer mi labor. Si no, bueno, el presidente podrá elegir luego de mi revocatoria a un prefecto que sea de su confianza.”