Desde México D. F.

El presidente Felipe Calderón ha convertido al país en un campo de batalla, y aun así, la guerra entre los distintos carteles que se disputan las principales rutas del narcotráfico ha dejado un saldo de 3.845 ejecutados en los primeros 17 meses de su administración, en los nueve estados donde ha concentrado el despliegue militar y policíaco. Las bajas de las fuerzas federales y locales se cuentan por centenas. Tan sólo en lo que va de este año han caído 47 soldados y 30 policías ministeriales o municipales. En la primera semana de este mes, 12 policías federales fueron emboscados y asesinados. El saldo de dos gobiernos consecutivos de derecha es de 12.746 ejecutados entre 2001 y 2008, de los cuales 2500 corresponden al año pasado.

Y aunque la narcopolítica invade todas las esferas del gobierno, con señalamientos a varios gobernadores y alcaldes que estarían involucrados en la protección de narcotraficantes, Estados Unidos no renuncia a ver en la administración de Calderón a un aliado estratégico en su ofensiva hacia Latinoamérica, e insiste en replicar aquí el Plan Colombia mediante la Iniciativa Mérida.

En tanto, la violencia está desatada. El jueves pasado, el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Millán Gómez, fue ejecutado al llegar a su casa; recibió nueve impactos de bala, ocho en el tórax y uno en la mano derecha. Sus dos escoltas resultaron heridos antes de lograr la captura de uno de los sicarios. La víspera de su asesinato, Millán coordinó un operativo en el que se detuvo a nueve sicarios del cartel de Sinaloa; una semana antes había detenido a otros 13 gatilleros y asegurado 18 armas largas y cortas, granadas así como 379.000 dólares. Las autoridades presumen que una traición al interior de la policía federal permitió este crimen.

Con éste son ya tres altos mandos de la PFP ejecutados fuera de sus domicilios en menos de una semana, de un total de 12 elementos de agencias federales asesinados en lo que va del mes. Apenas el pasado fin de semana el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, encabezó una ceremonia en honor de nueve agentes federales muertos en cumplimiento de su deber, entre ellos el comandante Roberto Velasco Martínez, ex director de Combate contra la Delincuencia Organizada de la AFI, y el inspector José Aristeo Gómez Martínez, director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la policía federal. Además de las bajas federales, 30 policías ministeriales o municipales han sido asesinados entre enero y abril de este año.

Y el viernes, un comando ejecutó a Esteban Robles Espinosa, comandante en jefe del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, cuando salía de su casa.

Horas después, un portavoz de la Casa Blanca repitió el llamado que el miércoles había hecho el presidente George W. Bush sobre la urgencia para que el Congreso libere 1550 millones de dólares para el combate al narcotráfico en México y Centroamérica. “La muerte de Gómez es una trágica pérdida para el pueblo de México. El presidente (Bush) urge al Congreso a actuar ahora para dar todos los fondos a la Iniciativa Mérida”, dijo Gordon Johndroe en declaraciones a la prensa en Crawford, Texas. Legisladores estadounidenses pretenden recortar más de 200 millones de dólares de la primera partida de dinero, originalmente presupuestada en 500 millones de dólares.

Casi al mismo tiempo, el jefe de la Oficina de la Casa Blanca de Políticas contra las Drogas, John P. Walters, reconoció que “la violencia y homicidios causados en México por las bandas de las drogas y las muertes de policías mexicanos provienen” del dinero que gastan “los consumidores y drogadictos” de su país, según un comunicado de la Procuraduría General de la República, luego de una reunión internacional dedicada a prevenir y combatir la producción y tráfico de metanfetaminas y sus precursores, realizado en San Luis, Missouri.

Una muestra de los alcances de esta guerra entre organizaciones criminales son los más de 20 ejecutados en el estado de Sinaloa y otra docena en el estado de Chihuahua en las últimas 48 horas, producto de la ruptura entre los cárteles de Sinaloa y el de Juárez, que estaban aliados en contra del cartel del Golfo. El último enfrentamiento ocurrió el jueves, cuando ejecutaron a Edgar Guzmán López, hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, para lo cual dispararon más de 500 cartuchos de AK-47 e incluso con una bazuka a las afueras de un centro comercial en Culiacán, la capital del estado.

Mientras, en la presidencia de la República ya se resiente la presión. Calderón visitó ayer la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, uno de los más conflictivos y escenario de repetidos enfrentamientos entre narcos, policías y militares. El operativo de seguridad no tiene precedente: Calderón fue protegido por tierra y aire con un helicóptero artillado de la Marina, cientos de elementos del Ejército a bordo de vehículos Humvee blindados y ostentosamente armados con ametralladoras calibre 50, además de decenas de policías estatales que cerraron todas las calles por las que transitó el convoy del mandatario. En el convoy presidencial había tres camionetas con elementos de asalto armados con ametralladoras. Todos los vehículos eran del mismo color para no distinguir en cuál viajaba el presidente.