Desde Santiago de Chile

Un juez chileno ha sometido a proceso y ha ordenado detener a 98 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, el aparato represivo de la dictadura del general Augusto Pinochet), incluida la cúpula de este organismo, en una operación que constituye el procesamiento más masivo en la historia judicial chilena por casos de violaciones a los derechos humanos. Los procesados por el juez Víctor Montiglio por el secuestro calificado en 1975 de 42 prisioneros políticos, que estaban detenidos en cuarteles secretos de la DINA y cuyas desapariciones y asesinatos a manos de sus captores fueron encubiertos mediante un montaje en colaboración con las dictaduras de Argentina y Brasil para simular que se habían exterminado entre sí, en la llamada Operación Colombo, comenzaron a ser notificados en la mañana de ayer por actuarios judiciales acompañados de detectives.

Las notificaciones, que se espera terminen hoy por el alto número de implicados, según fuentes judiciales, fueron coordinadas con las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros. De los 98 ex agentes de la DINA procesados por el magistrado, 42 eran funcionarios de Carabineros, 40 del Ejército, ocho de la policía civil, cinco civiles y los restantes de la Armada y la Fuerza Aérea. Montiglio inició a las 7.30 de la mañana la serie de notificaciones, en cuanto llegó al Palacio de Tribunales. La diligencia partió informando del procesamiento a los que ya se encuentran detenidos o cumpliendo sentencias por otros crímenes, entre ellos la cúpula de la DINA, que planificó y ordenó la Operación Colombo.

Entre los procesados figuran los generales Manuel Contreras, ex jefe de la DINA; Raúl Iturriaga, ex jefe del departamento exterior del organismo; César Manríquez y el brigadier Pedro Espinoza (ambos ex número dos de la DINA), y ex jefes operativos que participaron en torturas, como los brigadieres Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Fernando Laureani, todos ellos en situación de retiro y encarcelados en el Penal Cordillera y de Punta Peuco, en Santiago. El magistrado, el único que careó a Augusto Pinochet con Manuel Contreras, procesó tanto a los que planificaron como a quienes ejecutaron los crímenes, incluyendo a quienes conducían los vehículos con los detenidos, guardias e informantes. Los militares quedarán detenidos en recintos carcelarios castrenses.

Tras el procesamiento y detención del centenar de ex agentes, éstos podrán defenderse, presentar recursos y el juez interrogarlos nuevamente y someterlos a careos, mientras determina la responsabilidad de cada uno. En los juzgados chilenos se estima que, en uno o dos años más, Montiglio podrá dictar sentencias, que podrán ser apeladas ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Considerado uno de los mejores investigadores entre los magistrados a cargo de procesos por atropellos a los derechos humanos, Montiglio estableció que la DINA resolvió exterminar a 119 presos políticos que habían sido detenidos y eran sometidos a torturas en cuarteles secretos, la mayoría de ellos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Mientras la dictadura negaba que las víctimas estuvieran detenidas, un artículo publicado en la revista argentina Lea, que fue creada sólo para encubrir los crímenes y era fachada de la DINA, sostuvo que 60 de estos prisioneros habían sido asesinados en diferentes países de América latina por sus propios compañeros.

Un diario apócrifo de Curitiba (Brasil), también pergeñado en la DINA, afirmó que otros 59 “extremistas” habían muerto en enfrentamientos con la policía en Argentina. El caso es también denominado de los 119 por el número de víctimas y es parte de las actividades de la Operación Cóndor, la colaboración oficial entre los aparatos de inteligencia de las dictaduras militares sudamericanas para exterminar opositores, coordinada por la DINA. Un diario chileno, el vespertino La Segunda, tituló en esos días: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenas caen en operativo militar en Argentina”. Las víctimas, entre tanto, eran asesinadas en silencio en los cuarteles secretos en Chile y hasta hoy permanecen como detenidos-desaparecidos.

Para el ministro de Justicia chileno, Carlos Maldonado, la Operación Colombo fue “siniestra, porque no sólo significó el asesinato de muchos opositores al régimen militar, sino que además incluía acciones de encubrimiento bastante repugnantes”. El abogado del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes, afirmó no estar sorprendido por el masivo procesamiento porque “el actuar criminal de la DINA fue enorme”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.