Desde Lima

Dieciséis años después de que un escuadrón de la muerte del gobierno de Alberto Fujimori secuestrara y asesinara a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, sus restos fueron entregados a sus familias. Su entierro se produce cuando Fujimori está siendo juzgado por este crimen y otras violaciones a los derechos humanos, y enfrenta una condena de 30 años de cárcel. El viernes, cuando se cumplían dieciséis años de la matanza, seis ataúdes recorrieron, entre lágrimas y arengas exigiendo justicia, esa universidad de las afueras de Lima, donde la noche del 18 de julio de 1992 los diez universitarios fueron secuestrados por un destacamento del ejército, llevados a un descampado, ejecutados, incinerados y enterrados. En los ataúdes estaban los restos que se han podido recuperar de las diez víctimas del Grupo Colina, escuadrón de la muerte formado por miembros del ejército durante el régimen de Fujimori. El ex presidente, que dirigió un gobierno autoritario entre 1990 y 2000, está en prisión y bajo proceso acusado de haber ordenado los crímenes del Grupo Colina. Además del caso La Cantuta, Fujimori también debe responder por los asesinatos de quince personas, entre ellas un niño, ocurridos en noviembre de 1991 en una modesta vivienda del centro de Lima.

Alrededor de medio millar de alumnos de La Cantuta acompañaron a los familiares de las víctimas durante su recorrido por la universidad y en el velatorio de los estudiantes y el profesor asesinados por el gobierno fujimorista. Durante el recorrido, encabezado por los familiares, que en el pecho llevaban colgadas las fotos de sus parientes asesinados y que entre lágrimas se abrazaban entre ellos, retumbaban en el ambiente los gritos de “Escucha, Fujimori, Cantuta no se olvida” y “La sangre derramada jamás será olvidada”, al tiempo que una lluvia de flores caía sobre los ataúdes. “Estos seis féretros son algo simbólico. Estos son todos los restos que nos han dejado los criminales, no tenemos más”, señaló Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, uno de los estudiantes asesinados.

La noche del 18 de julio de 1992 un escuadrón del ejército ingresó a la Universidad La Cantuta, ubicada unos 50 kilómetros al este de Lima, y guiados por un agente enmascarado, que meses antes se había infiltrado entre los estudiantes, ingresaron a los dormitorios de los alumnos sacando a golpes a aquellos que el encapuchado señalaba. Nueve estudiantes, siete hombres y dos mujeres, fueron secuestrados esa noche por los militares. También sacaron de su vivienda en el campus universitario al profesor Hugo Muñoz. El comando militar estaba dirigido por el mayor Santiago Martín Rivas, actualmente en prisión. Al salir de la universidad, el convoy se dirigió a un descampado. Ahí, según han relatado los agentes del Grupo Colina durante el proceso a Fujimori, los estudiantes fueron obligados a cavar sus propias tumbas, luego fueron puestos de rodillas y ejecutados por la espalda. Los cuerpos fueron rociados con kerosén y quemados antes de ser enterrados.

Un año después los cadáveres fueron ubicados gracias a la información otorgada, bajo la protección del anonimato, por un agente arrepentido. Hasta ese momento, el gobierno fujimorista alegaba que los universitarios desaparecidos se habían enrolado en Sendero Luminoso. El hallazgo de los cuerpos terminó por poner al descubierto al Grupo Colina. Frente al escándalo, el gobierno armó una parodia de juicio militar. El mayor Santiago Martín Rivas, jefe operativo del Colina, y los agentes que integraban el escuadrón de la muerte fueron condenados a 20 años de prisión, pero Vladimiro Montesinos, brazo derecho de Fujimori y señalado como el organizador del Colina, el general Nicolás Hermoza, entonces jefe de las Fuerzas Armadas, y el propio Fujimori fueron excluidos de toda investigación. En el proceso contra Fujimori, los agentes del Colina han revelado que el gobierno les pidió que aceptasen el juicio y la condena para proteger al gobierno, que les ofreció a cambio dinero y una amnistía en un tiempo máximo de dos años, lo que se cumplió. Pero a la caída de Fujimori, en noviembre de 2000, la amnistía fue anulada y los represores de Colina fueron nuevamente condenados. “Por fin podemos enterrar a nuestros familiares. Ahora lo que esperamos es que Fujimori y los otros asesinos reciban una condena ejemplar”, señaló Raida Cóndor, madre del asesinado estudiante Armando Amaro Cóndor, mientras las flores seguían cayendo sobre los féretros y los estudiantes gritaban exigiendo que Fujimori sea condenado por los crímenes de su gobierno.