Desde Washington

A pesar de que la cárcel de Guantánamo se ha convertido en sinónimo de ignominia y torturas, de que el Tribunal Supremo norteamericano ha reconocido que los presos tienen derechos constitucionales –incluido el de defenderse ante los tribunales civiles–, y de que las asociaciones de derechos humanos llevan años exigiendo su cierre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quiere llevar su proyecto de prisión antiterrorista hasta el final en sus últimos meses de mandato. Ayer comenzó en la base militar el primer juicio de guerra que celebra este país desde la Segunda Guerra Mundial. El acusado y supuesto “combatiente enemigo ilegal” es un yemení que trabajó como chofer del líder de Al Qaida, Osama Bin Laden.

La ley que se va a aplicar a Salim Hamdan no está clara. La “comisión militar” que va a juzgarlo es un tribunal de excepción que no está sujeto al derecho internacional ni al norteamericano pero que podría condenarlo a cadena perpetua por “conspiración y entrega de soporte material para terrorismo”. Para probar estos cargos podrán usarse testimonios obtenidos con métodos como el waterboarding (ahogamiento fingido), al que el gobierno estadounidense niega la categoría de tortura. Hamdan, según la acusación, conducía un coche lleno de armas cuando fue detenido en 2001 en Afganistán. El se declaró inocente ayer, en la primera sesión de juicio, al que han acudido como observadores abogados, organizaciones de derechos humanos y periodistas. El acusado ha reconocido que trabajó como chofer en una granja propiedad de Bin Laden en Kandahar (Afganistán) a cambio de 126 euros al mes, pero ha negado que estuviera involucrado en ninguna actividad terrorista. “Este hombre no es más que lo que dice que es, un simple conductor –asegura por correo electrónico desde Guantánamo uno de sus abogados, Charles Swift–. El chofer de Hitler tampoco fue culpable del holocausto”, añade.

A pesar de que Hamdan no es una pieza clave, para el gobierno estadounidense es importante que sea condenado. Una absolución cuestionaría de nuevo la legitimidad de las comisiones militares y pondría en peligro los juicios pendientes contra los supuestos cerebros del 11 S. Ninguno de los casi 800 detenidos que han pasado por Guantánamo había sido juzgado por las comisiones militares. “Detenido” es el eufemismo que usa el gobierno norteamericano para referirse a presos que llevan años encarcelados. En estos momentos quedan en la prisión unas 270 personas, 420 han sido liberadas sin cargos y sólo se han presentado acusaciones formales contra una veintena.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.