Desde Madrid

Anhelada desde doce años atrás, la detención en Belgrado de Radovan Karadzic –el más buscado entre los asesinos políticos europeos– produjo una lógica satisfacción en todas las instancias democráticas del continente. Pero que el siniestro psiquiatra, poeta e ideólogo de la limpieza étnica vaya a convertirse en el nuevo procesado estrella en La Haya no puede ocultar algunos aspectos inquietantes de su procesamiento por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

La primera sombra la arroja la subordinación de la acción de la Justicia a las razones de Estado. Porque han sido los intereses políticos y económicos de la nueva Serbia los que han determinado la localización y arresto de un criminal que permaneció prófugo durante una docena de años. Si Karadzic ha caído en manos de la policía serbia y va a pasar a las de la Justicia internacional no ha sido fruto de las investigaciones de aquélla ni de la autoridad del Tribunal que dictó en julio de 1996 la orden de busca y captura contra él y su brazo ejecutor, el general Mladic. Al contrario, el factor determinante ha sido el cumplimiento por parte del gobierno de Belgrado de una condición sine qua non impuesta por Bruselas para permitir el inicio de los trámites de integración de Serbia en la Unión Europea.

Trece años después de la matanza de Srebrenica, la detención de Radovan Karadzic parece cerrar un círculo importante –afirma el juez Baltasar Garzón–, pero también de absoluta frustración, ya que se puede intuir que durante todo este tiempo se sabía dónde estaba oculto; y resulta evidente que ha sido detenido cuando políticamente ha interesado. Eso resulta muy duro para sus miles de víctimas.

“¿Por qué han tardado 12 años en detener a un genocida contra el que había tantas pruebas?”, se pregunta retóricamente Dolores Delgado, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevó los casos de Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo. Acaso porque sus crímenes no son neutros, sino que se pueden utilizar políticamente, más allá de la obligación de buscar la verdad, reparar la memoria de las víctimas e impedir que vuelvan a producirse.”

–¿Hay que aceptar como una regla del juego que las razones de Estado condicionen la acción de la Justicia internacional y marquen sus tiempos?

–No –responde categóricamente–. Entiendo que incluso se pueda llegar a hacer justicia a través de la diplomacia, pero no es admisible que la diplomacia y los intereses de Estado lleguen a condicionar a la Justicia. Esto es algo que debemos tener muy claro, para exigir actuaciones contundentes por parte de los tribunales penales internacionales. Porque la realidad es que los crímenes contra la humanidad no tienen el mismo tratamiento que otros crímenes u otros delitos, ya que suelen presentar especiales componentes políticos o económicos, haciendo que a través de los tribunales penales internacionales se trate de resolver cuestiones de Estado.

En sentido contrario, los intereses políticos mundiales han logrado impedir que se establecieran y castigaran las responsabilidades de los cascos azules en la matanza de Srebrenica, ciudad considerada como zona segura bajo protección de la ONU donde en julio de 1995 fueron asesinados ocho mil musulmanes bosnios sin que las tropas holandesas allí destacadas hicieran nada por evitarlo. El juez Garzón lo denuncia sin ambages:

“El papel de Naciones Unidas en zonas de conflicto donde se producen violaciones masivas de derechos humanos resulta muy complicado, moviéndose siempre entre lo que pueden hacer y lo que deberían hacer”. Desgraciadamente todavía no se ha investigado lo suficiente por qué y cómo se produjo la matanza de Srebrenica, ni quién consintió o quién dejó de hacer lo que debía para evitarla.

Aun siendo una buena noticia que Radovan Karadzic ocupe la celda que dejó vacía la muerte de Milosevic, ver al siniestro poeta de la muerte sentado en el banquillo de los acusados de La Haya no supone la garantía de que se llegue a hacer justicia. Porque sobre el trabajo del Tribunal pende una fecha de caducidad. Lo explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España: “Las funciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia van declinando y concluirán el año 2010. Por eso, desde hace tiempo, recibe cada vez menos recursos para investigar los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad o el genocidio. Hasta ahora ha enjuiciado a 115 acusados y todavía hay 46 casos juzgándose. El riesgo a que nos enfrentamos es que algunos casos no lleguen a ser enjuiciados o no puedan tener apelación antes del 2010. Podría ocurrir que Karadzic no cumpliera todas las instancias judiciales. ¿Qué ocurría entonces con esos casos y con los criminales que aún permanecen libres? Que pasarían a los tribunales nacionales de Serbia, Bosnia y Croacia. Pero Amnistía Internacional siente graves preocupaciones por la falta de imparcialidad de estos tribunales, y porque no han perseguido a los criminales. Por eso estamos pidiendo que se amplíe el período del tribunal, y que se le proporcionen los recursos económicos necesarios.”

–Tampoco parece que la cantidad y magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia se corresponda con el número de acusados en La Haya...

–No; sólo son gotas en un río de impunidad –prosigue Estaban Beltrán– y para dar una idea de ello basta con señalar que sólo por la matanza de Srebrenica hay señalados 832 supuestos autores, que podrían ser formalmente encausados. Sin embargo, por toda la guerra de la ex Yugoslavia sólo se ha enjuiciado a 115. Y el Tribunal caducará en 2010, si el Consejo de Seguridad de la ONU no decide lo contrario.