Desde Lima

Un año después del terremoto de 7,9 grados que dejó 596 muertos y más de 600 mil damnificados en el sur del Perú, los pobladores de las zonas afectadas por el sismo conmemoraron la tragedia con masivas marchas de protesta contra el gobierno por la lentitud en el proceso de reconstrucción. Las protestas dejaron al menos tres detenidos durante un enfrentamiento entre la policía y la población que había bloqueado la Panamericana Sur, en las afueras de la ciudad de Chincha, a 200 kilómetros de Lima. Cerca de ahí, miles de personas marcharon por las polvorientas calles de Pisco, ciudad portuaria ubicada 250 kilómetros al sur de la capital del Perú y que fue la más afectada por el terremoto. Con cacerolazos, bocinazos y gritos contra el gobierno, la población de Pisco descargó desde muy temprano en la mañana su rabia contra el gobierno, al que acusan de no haber hecho nada durante un año por reconstruir la devastada ciudad. Marcharon durante varias horas por las calles en las que, a un año del terremoto, todavía se ven escombros de las viviendas destruidas por el sismo, casas semiderruidas donde hay gente que sigue viviendo por no tener dónde ir y miles de personas hacinadas en carpas, pequeños módulos de madera entregados por el gobierno y en improvisadas habitaciones de cartón, chapa y plásticos. La comisaría funciona en una carpa, los colegios siguen en ruinas y los hospitales no han sido reconstruidos. Para enfrentar el descontento, el gobierno envió refuerzos policiales a Pisco, incluyendo varias tanquetas.

“Ha pasado un año y seguimos viviendo igual que al día siguiente del terremoto. No hemos tenido ningún apoyo”, se quejaba María Elena Chamochumbi, mientras marchaba en medio de la protesta. A su lado un cartelón resumía el sentimiento de la población de Pisco: “No hay reconstrucción. Gobierno corrupto e incapaz”. Otro cartelón le daba un tono sarcástico a la frustración de los damnificados: “Gracias hermanos por la ayuda que nunca llegó”. Héctor Ríos, padre de cinco hijos, también se sumó a las protestas: “En mi barrio ni siquiera han recogido los escombros. No hay reconstrucción”.

Luego del terremoto, el gobierno creó el Fondo de Reconstrucción del Sur y puso al frente al empresario Julio Favre, un ex colaborador del gobierno de Alberto Fujimori. Su gestión fue duramente cuestionada y debió renunciar. Su puesto lo asumió el ministro de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien ha respondido a las críticas asegurando que la reconstrucción ha avanzado cerca del 50 por ciento, una cifra que los pobladores de Pisco y las otras ciudades del sur afectadas por el terremoto cuestionan y han tomado como una burla. Esas declaraciones, y otras dadas recientemente por el presidente Alan García culpando a los damnificados por “pedir mucho” cayeron como combustible sobre la indignación de los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. Su bronca también apuntó contra sus alcaldes, a los que acusan de la misma inacción de la que responsabilizan al gobierno central. El gobierno asegura que ha invertido 390 millones de dólares en la zona golpeada por el sismo, pero la población denuncia que no se ve esa supuesta inversión que el gobierno dice haber hecho en la reconstrucción. A las acusaciones por la incapacidad de las autoridades se suman las denuncias por corrupción. “Decir que se ha avanzado un 50 por ciento en la reconstrucción es una gran mentira del gobierno. No se ha avanzado ni el 15 por ciento”, señala Rómulo Triveño, presidente de la Región Ica, donde se ubican las ciudades de Pisco, Chincha e Ica, las tres más afectadas por el terremoto. Triveño asegura que se requieren unos 1200 millones de dólares para la reconstrucción.

El gobierno exhibe como su principal logro la entrega de bonos de reconstrucción por dos mil dólares a los pobladores que perdieron sus casas, cifra que no alcanza ni para construir una habitación. El ministro Cornejo asegura que se han entregado 28 mil bonos y anunció que ya no se entregarán más, aunque las casas afectadas por el terremoto fueron más de 80 mil. “Muchas personas tenían sus casas en terrenos sin título de propiedad y por eso no recibirán el bono”, anunció Cornejo, intentando justificar la poca cobertura de este bono. Entre los escombros, los precarios módulos de madera entregados por el gobierno peruano, las carpas y las habitaciones de cartones y chapa, se levanta como un lunar blanco el barrio Simón Bolívar, con cien casas prefabricadas con un material derivado del petróleo, donadas por el gobierno de Venezuela. El barrio tiene jardines y su propio tanque de agua y la población conoce la zona como “las casas de Hugo Chávez”. En estos días, el presidente García ha tenido que soportar que le recuerden el contraste entre estas casas donadas por el presidente Chávez, a quien ve como su gran enemigo, y la incapacidad de su gobierno para avanzar en la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto de hace un año.