Desde Lima

Los indígenas de 65 etnias de la Amazonia peruana, que agrupan a 350 mil personas, se han levantado en pie de guerra contra el gobierno de Alan García en defensa de sus tierras, que temen perder a manos de las transnacionales petroleras y los explotadores de madera. Los indígenas exigen la derogatoria de una serie de leyes dadas por el gobierno para promover la privatización de las ancestrales tierras de sus comunidades. El gobierno, que quiere otorgar concesiones petroleras en zonas selváticas protegidas y habitadas por comunidades indígenas y entregar amplias extensiones de la Amazonia a inversionistas privados de la industria maderera, dio recientemente estas leyes al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para que adapte la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El 65 por ciento de la Amazonia peruana ya ha sido entregada en concesión a empresas transnacionales, con un alto costo de deforestación y contaminación ambiental. Las primeras víctimas de esta penetración han sido las poblaciones nativas.

Con los rostros pintados y armados con lanzas y flechas, miles de indígenas han tomado instalaciones petroleras y bloqueado carreteras y ríos. El gobierno ha respondido declarando el lunes el estado de emergencia en cuatro provincias, lo que implica la suspensión de las garantías individuales, como el derecho a reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio. Los indígenas amazónicos calificaron esta medida del gobierno como “una declaración de guerra”. Y el primer ministro, Jorge Del Castillo, lo confirmó, advirtiendo, en tono amenazante: “Guerra avisada no mata gente”. “No tenemos miedo. La protesta va a continuar si no se solucionan nuestras demandas para que se respeten nuestros derechos. Preferimos morir antes que perder nuestras tierras”, respondió Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabeza la protesta indígena.

Los tambores de guerra suenan en la selva peruana. Dos indígenas han resultado heridos de bala en enfrentamientos con la policía y, según el gobierno, un capitán de la policía permanece desde hace varios días retenido por los indígenas. Ayer, las fuerzas de seguridad asaltaron en el poblado de Bagua un local de Aidesep. Luego de un enfrentamiento con la policía, los indígenas desbloquearon un estratégico puente en la región Amazonas, al norte del Perú, pero otras vías, terrestres y fluviales, siguen bloqueadas. Una hidroeléctrica, dos estaciones petroleras de la estatal Petro Perú y dos pozos de gas explotados por la petrolera argentina Pluspetrol continuaban hasta ayer en poder de los indígenas. Ocho embarcaciones de Pluspetrol, que también explota pozos petroleros en la selva norte del país, han quedado bloqueadas en un río. Debido a las protestas, el gobierno tuvo que suspender el bombeo de petróleo por el oleoducto que lleva el crudo desde los pozos de la Amazonia hasta una refinería en la costa norte del Perú.

La protesta indígena comenzó hace diez días y se agravó a partir del fin de semana, cuando se rompió el diálogo entre el gobierno y las comunidades nativas. El gobierno exige que los indígenas se desmovilicen para retomar el diálogo, pero éstos se niegan a levantar la protesta si previamente no se soluciona su demanda para derogar las leyes que afectan la propiedad de sus tierras. La situación está entrampada en ese punto y el lenguaje agresivo usado por el gobierno para intentar descalificar la protesta ha aumentado la tensión. El primer ministro Del Castillo ha acusado a los indígenas de dejarse manipular por “extremistas políticos” y de formar parte de “un complot para desestabilizar la democracia”. Del Castillo ha señalado directamente al líder del opositor Partido Nacionalista, Ollanta Humala, quien ha apoyado la protesta desde Lima, de estar detrás del levantamiento indígena. “No hay ningún político detrás de nuestra protesta. Nadie nos manipula. Estamos defendiendo nuestros derechos”, señaló el líder indígena Alberto Pizango, en respuesta a las acusaciones lanzadas por el gobierno. Al momento del envío de este despacho, una delegación de los indígenas dialogaba con representantes del Congreso, a quienes les pidió la derogatoria de las leyes que han desatado la guerra en la selva peruana.