Desde Medellín

El cara a cara entre el presidente Alvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia alcanzó ayer su punto más agudo. En voz alta y con el dedo índice levantado, Uribe le dijo a la prensa que las reuniones de sus funcionarios con emisarios paramilitares, en un supuesto complot para desprestigiar a la Corte, tenían justificación y no fueron clandestinas. La Corte respondió con un fuerte anuncio: demandará al gobierno colombiano ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, visita desde ayer el país para, precisamente, echar un vistazo a las denuncias sobre corrupción en las investigaciones por “parapolítica” que enfrentan a los máximos poderes Ejecutivo y Judicial colombianos.

El ambiente se calentó con la revelaciones de la revista Semana sobre visitas de emisarios paramilitares a la Casa de Nariño para entregar grabaciones que, supuestamente, empatanan al alto tribunal de la justicia de Colombia, con el que Uribe sostiene una diferencia desde su reelección.

En Bogotá y en primera fila, el secretario de prensa y el jurídico de Uribe recibieron al abogado de alias “Don Berna”, extraditado a los Estados Unidos en mayo pasado, y a Antonio López alias “Job”, asesinado en Medellín hace cuatro semanas, en medio de una escena de mafia con sicarios motorizados enviados, al parecer, por los mismos asesinos de alias “Monoteto”, alcanzado por las balas en un shopping de Buenos Aires hace cuatro semanas.

En la reunión, los paras ofrecieron al gobierno grabaciones clandestinas ordenadas por Don Berna, cuando todavía estaban en las cárceles colombianas, con las que el jefe paramilitar pretendía ganar beneficios a favor suyo, como la dilatación de su extradición. El gobierno aceptó las grabaciones, prestándose con ello al juego de los mafiosos de ultraderecha. “En medio de su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del presidente Uribe llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar Don Berna”, denunció la revista Semana.

Ni Uribe ni sus funcionarios informaron del material a las autoridades judiciales. Allí se registran conversaciones entre un supuesto emisario de la Corte con el mismo abogado que visitó Palacio, y le hace tremendos ofrecimientos a cambio de información sobre políticos vinculados con el movimiento paramilitar. Pero la persona, según se confirmó después, no es ni ha sido funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Y, además, en caso de recoger pruebas, según lo explicó la misma Corte a los medios ayer, se trataría de un proceso legal en medio de una investigación que adelantan desde hace ya dos años, la de la parapolítica. En este proceso han sido investigados más de 60 congresistas por tener vínculos con los paramilitares y haber firmado acuerdos con ellos. La mayoría son de las coaliciones uribistas. Entre ellos está el primo del presidente, Mario Uribe, cuya detención fue también motivo de alto enfrentamiento entre las partes.

Lo cierto es que Bogotá recibió las pruebas y guardó silencio, lo que, según el magistrado Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, es muestra de que “aquí hay un complot de un sector del gobierno en alianza con los paramilitares para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia”. El magistrado dijo que las reuniones de funcionarios del gobierno de Uribe con los paras son “gravísimas”. Pero Uribe dice que no. Que el encuentro buscaba reunir información sobre “el manejo del orden público”, y con pruebas en mano, llamó en tono desafiante a los periodistas para confirmar que la entrada de los para a Palacio fue registrada y no clandestina. No fue el cómo, presidente –dijeron los comunicadores– sino el porqué y para qué. Complot y conspiración, lo llaman en la Corte Suprema.