Desde Santa Cruz

El fantasma del diálogo evocado por las partes enfrentadas se va y a cada momento es más difícil que vuelva. En los últimos días, las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Cobija están ocupadas por grupos violentos dedicados a golpear a todo aquel que consideran o les parece masista, es decir, simpatizante del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), o a arrojar molotovs a su casa o edificios de organizaciones sociales. La definición de masista incluye sobre todo a personas con rasgos quechuas o aymaras, pueblos indígenas que predominan en las tierras altas de Bolivia. Brutalmente orquestados, los representantes cívicos y empleados de las prefecturas del oriente se abocaron a tomar las oficinas de Impuestos Nacionales, migraciones, aduanas, aeropuertos, delegaciones presidenciales y demás instituciones que olieran a gobierno. Anoche, el presidente Evo Morales discutía con su gabinete la conveniencia de dictar el estado de sitio en los departamentos que se manifiestan más incontrolables: Santa Cruz y Tarija. Finalmente, decidieron no declararlo.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró: “Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para no responder a la provocación de estas instituciones que pretenden tener muertos, enfrentamientos, bajas de uno u otro lado. Como gobierno, no estamos dispuestos a propiciar ninguna de estas provocaciones”, dijo.

El gobierno pudo implementar esta táctica ayer en la ciudad de Santa Cruz, cuando la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) encaró hacia el edificio de Impuestos Nacionales, oficina de moda para los grupos violentos de la Media Luna. Al principio, la Policía Militar pudo mantenerlos a raya con gases lacrimógenos, pero pronto el Comité Pro Santa Cruz convocó a sus bases para enfrentar a los uniformados que –según la versión cívica– agredieron otra vez al pueblo cruceño. Los manifestantes entraron en el edificio gritando “Evo, Evo cabrón,/ sos un hijo de puta/ la puta madre/ que te parió” y desalojaron a los policías por un túnel de autonomistas que eventualmente los escupían y apaleaban.

Al final de la tarde, los cívicos habían tomado Impuestos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la recientemente estatizada Entel e incendiaron la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), que tuvo entre sus directores al recién asumido ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero. El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, afirmó que “esta escalada de violencia tiene sus responsables específicos: Branko Marinkovic, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y el señor prefecto Rubén Costas. El prefecto, para que lo sepa la opinión pública, tiene responsabilidades. La responsabilidad de un prefecto es velar por la tranquilidad y la sana convivencia”.

Ayer, los cívicos de Tarija cerraron una llave de paso en Taihuati, donde se encuentra un gasoducto de 3000 kilómetros hasta Brasil. El presidente del comité cívico departamental, Reynaldo Bayard, sostuvo que “son 16 días (de paro) y lamentablemente el gobierno no ha dado una respuesta, menos ha dado señales para instalar el diálogo. Las medidas van a continuar, a estas alturas no es conveniente que el gobierno condicione el diálogo. Desde hace nueve meses hemos venido exigiendo al Poder Ejecutivo que nos sentemos a una mesa de diálogo”.

El oriente es un lugar adverso para los periodistas. Ayer en esta ciudad fue incendiada la radio estatal Patria Nueva. En Cobija, Pando, varias emisoras críticas del prefecto Leopoldo Fernández dejaron de transmitir para proteger sus vidas. En un comunicado, la red Erbol indicó que “sin libertad de expresión y sin derecho a la información no hay democracia, porque no hay ciudadanos libres y capaces de autogobernarse, opinar y participar en las decisiones públicas. El silencio es el lenguaje de la tiranía y el pensamiento único es la consecuencia del fascismo”.

Morales nombró tres nuevos ministros y cambió de lugar a dos. En Hidrocarburos designó al ex constituyente Saúl Avalos y como ministro de Salud y Deportes a Ramiro Tapia. Susana Rivero, ex ministra de Desarrollo Rural, asumió el Ministerio de Producción, y Carlos Villegas, ex ministro de Hidrocarburos, volvió al Ministerio de Planificación.

Los masistas en el Congreso buscan a opositores con ganas de hacer ley el decreto que hace días sacó el presidente para convocar a elecciones el 7 de diciembre. Ese día la población debería pronunciarse sobre la nueva Constitución, se elegirían prefectos donde fueron revocados y subprefectos en las 112 provincias de Bolivia. Pero la Corte Nacional Electoral se negó a administrar la consulta hasta que no haya una ley de por medio. La nueva fecha tentativa de elecciones es el 25 de enero.

El diputado del extinto partido de derecha Poder Democrático Social (Podemos) y presidente de la Asamblea Preautonómica, Carlos Klinsky, aclaró: “El tema de fondo es el proyecto de Constitución del MAS. No puede ponerse en consideración el panfleto o el producto de algo ilegal”.