En su acto postrero como ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas elevó a Evo Morales un informe en el que detalla el rango de producción gasífera para los próximos años y del que se deriva que habrá suficiente para atender las exportaciones, sumando a Uruguay y a Paraguay entre los clientes. Esa optimista promesa no permite, sin embargo, despejar dudas respecto de la escasez actual, que le impide a esa nación honrar su compromiso de venderle a la Argentina los 7,7 millones de metros cúbicos diarios que corresponden según contrato. Esto es así, a pesar de que está pagando un precio superior al de Brasil que, paradójicamente, tiene prioridad en el abastecimiento.

Según la nueva Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, en el período 2007-2026 Bolivia dispondrá de más de 18 trillones de metros cúbicos de gas “remanente para cumplir con nuevos contratos de exportación”. A pesar de la imprecisión, esa promesa puede resultar auspiciosa para otras naciones de la región que apuestan a esos hidrocarburos para subsanar su carencia, pero no tiene implicancia inmediata en los acuerdos que ya están en curso, como el que firmó con Morales la gestión de Néstor Kirchner.

Nadie duda de la riqueza atesorada en el subsuelo boliviano, pero sí de que aparezcan en lo inmediato las inversiones imprescindibles para sacar el gas a superficie. Hoy Bolivia produce poco más 40 millones de metros cúbicos por día, de los cuales siete atienden la demanda interna, mientras que 31 van indefectiblemente a Brasil, para abastecer el polo industrial paulista. Esta prioridad no está en discusión e Luiz Inácio Lula da Silva probó no estar dispuesto a resignarla en ninguna circunstancia. Tanto así es que cuando desde la Casa Rosada se le pidió que cediera unos metros para solucionar la crisis que se esbozaba localmente, aquel mandatario ofreció paliar las angustias energéticas locales enviando electricidad: hoy Buenos Aires acumula una deuda a favor de Brasilia de más de 1200 millones de pesos por este concepto.

En aquel cuadro, Bolivia sólo puede enviar a la Argentina el magro gas sobrante, que representa apenas un quinto de lo que debería por contrato. El creciente precio no basta. Argentina hoy paga casi 10 dólares el millón de BTU, dos por encima de lo que obla Brasil, el triple de lo que pagaba hace dos años y casi siete veces respecto de los valores de 2005. Al igual que en el contrato firmado con la administración brasileña, en este acuerdo se impuso una fórmula polinómica que permite ajustar el precio del gas según una canasta de combustibles que, arrastrados por el petróleo, previsiblemente seguirán encareciéndose. El horizonte es pagar cada vez más por un gas que sólo estará disponible si las petroleras en territorio boliviano hacen las inversiones necesarias o si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos puede reorientar más recursos propios al desarrollo de esos megacampos.

Según asegura el titular de YPFB, Santos Ramírez, ésta no sería una dificultad, ya que los nuevos contratos renegociados con las productoras como Petrobras, British o Total, entre otras, fuerzan a esas empresas a reinvertir un total de 926 millones de dólares en el corto plazo. A esto se añadiría un desembolso este año de hasta 150 millones de dólares de parte de la propia firma estatal.

Pero esos millones sólo se destinarían al desarrollo de los megacampos gasíferos si Argentina se aviene a dar garantías de pago del gas a importar así como la certeza de que construirá el gasoducto del Nordeste, según exigen las productoras privadas radicadas en el Altiplano. Desde este lado de la frontera, la situación se ve exactamente del modo opuesto: no se hará ese millonario tendido de caños si no hay certeza de que aparecerá el gas.

Frente a estas dificultades, las exigencias de los opositores a Morales radicados en los departamentos de la Media Luna suenan poco atinadas. Los responsables de Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz aspiran a unificar en 18 dólares el MBTU del gas que se les vende a la Argentina y Brasil, un valor que más que duplica el que se paga en boca de pozo en el mercado estadounidense, por citar una referencia continental. También pretenden que una porción específica de la renta hidrocarburífera que el Estado ganó tras la nacionalización quede en manos de esos estados opositores en lugar de alimentar las arcas centrales. Pero esto implicaría para Evo desfinanciar algunos planes sociales como la renta vitalicia para los mayores de 60 que no tienen otro ingreso. Una concesión impensable para cualquier líder del MTS comprometido con su causa.