Desde México, D. F.

La descomposición institucional en México ha llegado a tal extremo que los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública no tuvieron más remedio que reconocerlo: todas las policías del país están infiltradas por la delincuencia.

“Respecto de que hay delincuentes infiltrados en las policías, pues sin duda. Una apuesta del crimen ha sido infiltrar a las policías. Hemos encontrado referencias importantes donde ellos intentan en todo momento cooptar, corromper o inclusive intimidar a los policías”, aceptó el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En su turno, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, reveló que en la administración calderonista “hemos partido de un diagnóstico que admite que las propias corporaciones policiales están penetradas y que, por tanto, tenemos que someter a controles de confianza (...) y dar señales de que el Estado no será permisivo ante aquellos que se vinculen con la criminalidad”.

La postura de los funcionarios parece coincidir con el juicio emitido en un editorial del diario The Wa-shington Post, para el que “la guerra en México (contra el narcotráfico) es, a su propia manera, tan crítica a los intereses de Estados Unidos como la de Afganistán; en ambos casos, un mayor compromiso estadounidense es requerido”. La víspera, la canciller mexicana, Patricia Espinoza, había urgido a la Casa Blanca a liberar los recursos aprobados para la Iniciativa Mérida, mientras el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, insistió en que la inseguridad pública y el debilitamiento del estado de derecho son factores que afectan el crecimiento económico, porque debilitan los determinantes del rendimiento de la inversión e inhiben la capacidad que tienen las personas para disfrutar “el fruto de su esfuerzo”.

Pero el problema no parece ser solamente el crimen organizado, sino la protección que recibe de corporaciones policíacas de todo tipo. Apenas el lunes pasado, 35 policías municipales de Torreón, la capital del estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, se enfrentaron a balazos con integrantes de las Fuerzas Federales de Apoyo y del ejército Mexicano. Los policías custodiaban una camioneta cargada con droga, en la cual viajaban cinco presuntos miembros del cartel del Golfo.

El fin de semana, el ejército concentró en sus comandancias a 750 policías ministeriales del estado de Tamaulipas, también fronterizo con Estados Unidos, mientras que en el sudeste del país tomó el control de las policías en dos municipios del estado de Tabasco, y detuvo a sus directores, así como al director de la policía estatal y a otros cinco altos mandos por aparecer en narconóminas.

La descomposición fue adjudicada por García Luna a prácticas añejas, una “teoría que refería que era mejor tener delincuentes controlados en las policías”.

Mouriño y García Luna coincidieron en el diagnóstico al finalizar una reunión con los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que asistieron los mandatarios de Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Colima y San Luis Potosí. Ahí, el consejero jurídico de la presidencia de la república, Miguel Alessio Robles, aseguró que presentarán “en tiempo y forma” la ley general del sistema de seguridad pública y otra a nivel nacional en materia de secuestro.

El pasado 21 de agosto, todos los poderes y niveles de gobierno se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones policíacas. Entre las acciones programadas está aplicar exámenes obligatorios de control de confianza a casi 350 mil elementos, de quienes también se revisará su situación patrimonial y entorno social; también serán objeto de exámenes psicométricos, poligráficos, toxicológicos. Además, pretenden afinar el intercambio de información y homologar los sistemas de evaluación y seguimiento y crear un registro nacional de policías, que incluya constancias del entorno familiar, ADN, huellas y registro de voz.

La administración de Calderón propuso la semana pasada un presupuesto para 2009 equivalente a más de 10.100 millones de dólares para seguridad, fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La mayor parte irá a la Secretaría de Seguridad Pública federal, en la que se centrará el combate al crimen organizado, mientras que se reforzará la participación del ejército y la armada, como parte de una estrategia para “asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia”.