Desde Santa Cruz

Cuando la nueva Constitución estaba casi acordada, los prefectos opositores decidieron “suspender temporalmente” el diálogo desarrollado en Cochabamba. Rechazan la detención de varias personas vinculadas con las tomas y ataques a instituciones del Estado durante el “intento de golpe cívico prefectural”, como llama el gobierno nacional a la violencia que imperó del 9 al 14 de septiembre en los departamentos de la Media Luna. Sus prefectos (de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) eligieron al tarijeño Mario Cossío para que hiciera el anuncio: “Es momento de hacer un alto. El futuro del diálogo está en manos del presidente de la República. Nos vamos a quedar en Cochabamba a la espera de la respuesta del presidente. Vemos que hay un entorno radical en el gobierno que le interesa romper el diálogo y promover la violencia”.

En los últimos días, fueron detenidas cinco personas en Santa Cruz acusadas de haber golpeado el 15 de agosto al entonces comandante de la policía nacional cruceña, Wilge Obleas, quien renunció esa misma noche. Los jóvenes, mayormente pertenecientes a La Pesada Verde, barra brava de Oriente Petrolero, permanecen detenidos e investigados por otros supuestos delitos. Según sus familiares, los muchachos fueron detenidos violentamente. Se suman a los 15 detenidos –incluido el prefecto, Leopoldo Fernández– por la masacre de al menos 19 campesinos en Pando. Según las organizaciones campesinas, aún hay 24 desaparecidos. Del lado de Brasil hay mil pandinos seguidores de Fernández que escaparon de “la dictadura” del presidente Evo Morales.

La Media Luna retiró a sus técnicos de las mesas de diálogo luego de la detención de José Vaca, cívico tarijeño acusado de haber organizado la toma del campo petrolero Vuelta Grande para luego dinamitar sus válvulas. Walter Arrázola, diputado por Santa Cruz de Poder Democrático Social (Podemos), dijo a PáginaI12: “Hoy vivimos un terrorismo de Estado. Hay persecución a líderes de la oposición, a líderes cívicos. Las detenciones son muy violentas, con agentes encapuchados, sin que exista una denuncia formal. Así el diálogo está destinado al fracaso. La única forma que nos queda de defendernos es en la calle. El gobierno nos está llevando a la guerra civil”.

Arrázola consideró que también podrían intentar detenerlo por su militancia autonómica: “Recién vengo del Club de Caza y Pesca, fui a comprar municiones para defender a mi familia. Si vienen de noche los encapuchados a tumbar mi puerta voy a responder como lo permite la ley internacional y nacional. Lo que haga será en defensa propia”, aclaró.

El primero en responder desde el gobierno fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana: “Deploramos que los prefectos hayan suspendido el diálogo con la intención de proteger y encubrir un delito común. El diálogo no está asociado a estos procesos penales. No solamente nos extraña, sino que nos preocupa que los prefectos no de- seen participar de las conversaciones. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, a no ser que alguno de los prefectos tenga algún grado de vinculación con la explosión de la válvula de gas”. Afirmó que las detenciones son orden del Ministerio Público. Quintana quiso calmar a los opositores: “No existe absolutamente amenaza alguna sobre ningún prefecto. Otra cosa es que algún prefecto sienta temor por algún acto que los bolivianos no conocemos”.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, indicó que seguirán las detenciones por los días rebeldes de la Media Luna. “Será la investigación la que determine quiénes fueron autores materiales, pero también autores intelectuales, porque esto ha respondido a una estrategia. Fueron acciones que respondían a una planificación y por supuesto que dentro de la planificación y organización que dirigió esto, estuvieron los líderes cívicos.”

Como parte de la campaña de de-sinformación, implementada por varios medios de comunicación privados, en los últimos días divulgaron que seis militares venezolanos fueron masacrados junto a los campesinos de Pando. Quintana se refirió a esta denuncia de varios diputados de derecha: “Como gobierno nacional nos ponemos a disposición de cualquier comisión del Parlamento nacional y los convocamos a que demuestren ese argumento. Quisiéramos ir con ellos a buscar a las familias dolientes, a los padres e hijos de los que habrían muerto, así como sus certificados de defunción”.