Más de 70 mil colombianos muertos, entre tres y cuatro millones desplazados de sus hogares, 15 mil desaparecidos, más de 20 mil secuestrados y unos 10 mil niños soldados. Ese es el saldo del informe que publicó ayer Amnistía Internacional sobre la guerra en Colombia. Sin favoritismos, la ONG realizó una de las investigaciones más exhaustivas sobre el conflicto en el país andino. Además de cuestionar la voluntad política del gobierno colombiano para poner fin a las violaciones a los derechos humanos, puso el ojo sobre la complicidad implícita de la comunidad internacional. Sin nombrar a ningún país en particular, el informe pide que suspendan toda la ayuda militar hasta que Bogotá no cumpla con las recomendaciones hechas por la ONU.

El informe le reconoce al gobierno de Alvaro Uribe que el número de secuestros y asesinatos a civiles cayó de forma marcada en los últimos años, pero denuncia el aumento de las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares, los asesinatos de sindicalistas, las amenazas a defensores de derechos humanos y el reclutamiento de niños por parte de paramilitares y guerrilleros. Las 130 páginas intercalan cifras duras con extractos de historias de víctimas que describen la frustración, el terror y la desesperación en la que están inmersos millones de colombianos.

Una madre relata cómo los guerrilleros se llevaron a una de sus hijas después de que su marido los abandonó. “Yo no pude hacer nada, fue de un momento para otro y no supe ni cómo pasó. Quién sabe si la podré volver a ver algún día.” Dos párrafos después, Felipe, un colombiano de 12 años, cuenta cómo los militares lo reclutaron para ser informante. Le ofrecieron 10 dólares y un celular.

El informe también reproduce un comunicado de las Aguilas Negras, un nuevo grupo paramilitar, en el que declara “objetivo militar” a las trabajadoras sexuales de Santander de Sincelejo, en el norte del departamento de Cauca. Además recuerda el caso de la abogada de derechos humanos, Yolanda Izquierdo. La defensora de los sobrevivientes de las masacres ordenadas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió protección al Estado cuando empezó a recibir amenazas de muerte. Nunca le respondieron. Fue acribillada en la calle en el departamento de Córdoba.