Desde Roma

El Senado italiano ayer convirtió en ley el decreto que recortará, en tres años, 7800 millones de euros y más de 130.000 puestos de trabajo de la educación pública. El Gobierno del Pueblo de la Libertad impuso la fuerza de los números (162 votos a favor, 134 en contra y tres abstenciones), mientras en las puertas del palacio Madama miles de estudiantes protestaban contra la ministra de Educación, Maria Stella Gelmini, y exigían un referéndum para derogar la ley. Walter Veltroni, líder de la oposición, confirmó que el Partido Demócrata promoverá la consulta “ciudad por ciudad”.

Mientras los senadores votaban el decreto 137, en la adyacente plaza Navona hubo, por primera vez en el mes que duran las protestas, choques entre jóvenes de izquierda y derecha, saldados con cuatro heridos y 18 detenidos. En el resto del país, desde Milán a Sicilia, los estudiantes prolongaron un día más las manifestaciones. La movilización culminará hoy con la huelga general de la educación, convocada de forma unitaria por los sindicatos.

La ministra Gelmini, imperturbable ante la bronca que ha acompañado sus decisiones, sigue convencida de que su reforma mejorará la educación pública, y ayer resumió su sensación con un mensaje simple: “Se cambia. Se vuelve a la escuela de la seriedad, el mérito y la educación”. A su juicio, medidas como la introducción de la educación cívica, la contención del costo de los libros de texto y el regreso del maestro único a la primaria “son compartidas por gran parte de los italianos”.

Quizá sea verdad, pero el clamor que ha suscitado su decreto entre estudiantes, profesores y padres indica que otra parte muy significativa del país (incluso entre la derecha y los grupos de presión católicos) está en contra y dispuesta a seguir luchando. Mucha gente en Italia piensa que la educación pública se ha convertido en un mastodonte funcionarial casi ingobernable (hay más de 1,1 millón de trabajadores, entre docentes y auxiliares), y coinciden en que es urgente actuar para racionalizarla. Pero incluso los más críticos consideran que la enseñanza primaria, con la fórmula introducida en los años setenta de los tres maestros cada dos clases, es un ejemplo de calidad y está entre las que mejores resultados logra de Europa. Las protestas, que han tomado estas semanas de forma pacífica las calles del país, reprochan al gobierno sobre todo dos cosas: que haya impuesto de forma autoritaria un criterio economicista para reformar la educación, y que se haya negado por completo a discutir sus ideas tanto con la oposición como con los sectores afectados por el recorte presupuestario, que en breve se extenderá también a la universidad. “Consideramos gravísima la aprobación a marchas forzadas en el Senado del decreto 137”, señaló ayer la Unión de Universitarios (UDU); “las protestas de los estudiantes no se pararán hasta hacer comprender a la ministra Gelmini que la reforma de la universidad sólo se puede discutir si retira antes las medidas que destruyen el sistema formativo público”.

En un par de semanas, el gobierno de Silvio Berlusconi presentará su plan para la enseñaza superior que prevé, entre otras cosas, convertir las universidades en fundaciones. Mirella, una estudiante de Física, explicaba ayer que “la idea de la fundación, es decir la apertura de la universidad a los fondos privados, matará la investigación y supeditará el prestigio al éxito presupuestario. En el norte, las universidades serán ricas y en el sur serán pobres”. Berlusconi se limitó a comentar con sarcasmo el voto en el Senado: “Bueno, ha sido una votación que ha ido como era lógico que fuese. Me disgusta sólo ver que hay tantos muchachos engañados por la izquierda”.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.