Desde Santa Cruz

El presidente Evo Morales acusó a Estados Unidos de haber apoyado al “golpe de Estado cívico-prefectural fallido” que en septiembre estuvo a punto de quebrar la unidad del país y dejó al menos veinte muertos. Sostuvo que los funcionarios de la Drug Enforecement Agency (DEA) hicieron del organismo “un instrumento de recolonización” de acción política y poco combate a las drogas. “Quiero comunicarles –es una decisión personal– a los comandantes de las fuerzas armadas, de la policía nacional, como también a los ministros y embajadores, que a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana”, dijo ayer en Chimoré, localidad cocalera del trópico de Cochabamba.

Allí Morales participó de un acto por el cumplimiento de la meta anual de erradicación de la coca cultivada en forma ilegal, que este año llegó a 5021 hectáreas. Había reunido a ministros y diplomáticos para hacer el anuncio. Leyó un informe que detallaba las actividades turbias de los estadounidenses en Bolivia.

“El agente Fdevnen Faupette figura como agente regional de la DEA en Santa Cruz. Y en misión diplomática de la Embajada de EE.UU. realizó viajes a Trinidad y Riberalta con el objetivo de financiar a los cívicos comprometidos con el golpe de Estado civil”, dijo el presidente.

También mencionó los vuelos de una avioneta Súper King, de la DEA y con matrícula N558KA, durante los días de revuelta cívica, que incluyó la toma, saqueo y destrucción de cien edificios del gobierno nacional ubicados en Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, departamentos del oriente que antes integraban la llamada Media Luna por su forma en el mapa.

Según Morales, la avioneta se movía entre los aeropuertos de esas ciudades, tomados por los cívicos, para cargar o descargar material aún desconocido. “El mismo avión no sacó plan de vuelo, no cumplió ningún control de lo que transportaba. Se desconoce lo que descargaron o viceversa del avión a la vagoneta, vulnerando de esta manera la soberanía nacional”, dijo. Ya en octubre, el presidente había prohibido a la DEA sobrevolar territorio boliviano.

Las autoridades de estos departamentos –que hasta septiembre habían actuado en bloque– se desbandaron luego de que se apagara la rebelión cívica-autonómica. En esos días, el presidente expulsó al embajador de EE.UU., Phillip Goldberg, acusado de ayudar a los prefectos “sediciosos”.

Uno de esos prefectos era el de Pando, Leopoldo Fernández, que hoy está preso por la masacre de 19 personas en los municipios de Porvenir y Filadelfia entre el 11 y el 14 de septiembre. Casi todos los muertos eran campesinos simpatizantes de Morales. Los asesinos serían funcionarios de la prefectura, cívicos y sicarios. Hasta el momento hay 25 detenidos por esta causa y en Pando rige el estado de sitio.

“Existieron agentes de la DEA que realizaron espionaje político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir del presidente”, dijo Morales.

Y denunció que “esas actividades han sido permanentes. Hasta ahora se han detectado al menos siete casas llamadas ‘de seguridad’, cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas que hacen en el territorio nacional”.

Salió a contestarle Garrison Courtney, portavoz de la DEA, quien percibió como “desafortunada” la decisión de Morales. “Nosotros tenemos una excelente relación de trabajo con nuestros homólogos bolivianos. Les proporcionamos mucha información. Nosotros no tenemos agentes operando en el extranjero, a menos que exista algún acuerdo específico con el país”, aclaró a la agencia DPA. Las relaciones entre Bolivia y EE.UU., que nunca habían tenido ni un sí ni un no, cambiaron en los últimos meses. En el gobierno de Morales esperan llevarse mejor con el próximo presidente de la superpotencia.