EL MUNDO › UNA CONDENA EN CHILE POR DD.HH.
El general retirado del ejército chileno Sergio Arellano Stark fue trasladado a un Hospital Militar por orden del juez Víctor Montoglio, para determinar su real estado de salud. Una vez ordenado su arresto el lunes pasado, el general de 87 años se encontraba internado en la clínica geriátrica de Villa Soleares, aduciendo que padece Alzheimer.
Con esta acción, Arellano pretendió evitar la sentencia de seis años de prisión a la que fue condenado por la Justicia de Chile, como jefe de la operación militar conocida como Caravana de la Muerte y responsable del asesinato de cuatro opositores en 1973 en las ciudades de San Javier y Linares (al sur de Santiago). Ante esta situación, familiares de víctimas reclamaron ayer ante el juez Montiglio para que Arellano cumpla su pena en la cárcel y no en el geriátrico en el cual decidió alojarse.
Los cuatro opositores, identificados como Teófilo Arce, José Sepúlveda, Leopoldo González y Segundo Sandoval, fueron ejecutados por Consejos de Guerra y forman parte de las más de 75 víctimas que dejó la masacre de la Caravana de la Muerte, como parte del plan represivo en el que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ordenó perseguir y arrestar a personas contrarias al régimen por ciudades del sur y el norte de Chile.
Hugo Gutiérrez, abogado de los familiares de las cuatro víctimas, pidió que Arellano sea enviado a una cárcel custodiado por la Gendarmería. También anticipó que un idéntico pedido será cursado al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, por la responsabilidad del gobierno sobre los lugares de cumplimiento de las condenas. Desde el gobierno, el vocero presidencial, Francisco Vidal, sostuvo que en el caso Arellano la Justicia actuó y no existirá impunidad.
Carlos Romero Muñoz es otro oficial militar condenado en este caso, y también el lunes pasado ingresó al Hospital Militar para ser operado debido a que está afectado de cáncer. El juez de la causa ordenó que ambos sean vigilados en el centro asistencial al que fueron trasladados y que sean sometidos a los exámenes médicos pertinentes. Por el caso de la Caravana de la Muerte, el fallecido general Pinochet también fue procesado y estuvo bajo arresto domiciliario, aunque en julio de 2002 fue sobreseído por la Corte Suprema que estimó que una supuesta demencia le impedía defenderse en los tribunales. De acuerdo con el abogado Hugo Gutiérrez, la misma estrategia estaría siguiendo la defensa del general Arellano Stark.
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