Era conocido que el asesinato de campesinos el 11 de septiembre en Pando fue una masacre, pero ahora lo afirmó la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) “por la magnitud de los hechos”. Así lo planteará en el informe que ya comenzó a redactar y que entregará a fines de este mes a la presidenta pro témpore Michelle Bachelet. Sin anticipar los detalles de su contenido, Rodolfo Mattarollo, que encabezó la comisión, afirmó que esa masacre “fue planificada”, que hubo una “enorme desigualdad de fuerzas” y que en sus recomendaciones al gobierno boliviano podrán énfasis en la necesidad de un “refuerzo institucional a partir de deficiencias detectadas en el funcionamiento de la investigación criminal, la policía y las fuerzas de seguridad, y el sistema judicial.”

–¿Estas deficiencias provocaron que los campesinos quedaran desprotegidos ante sus victimarios? –le preguntó PáginaI12 a Mattarollo.

“Hemos adoptado una actitud de imparcialidad, escuchamos todas las voces, las del sector cívico-prefectural opositoras al presidente Evo Morales, y a los sectores campesinos, que fueron las víctimas principales” de lo ocurrido en las localidades de Porvenir y Filadelfia, comentó el ex subsecretario de Derechos Humanos. “En la matanza, con un saldo de 18 muertos, más de 100 desaparecidos y centenares de heridos, la mayoría eran campesinos”, agregó. Por esas muertes el Ejecutivo responsabiliza al prefecto Leopoldo Fernández, confinado en una cárcel de La Paz. “Estuvimos tres veces en Brasileia, la ciudad que está frente a la capital de Pando, Cobija, donde cientos de personas traspusieron la frontera cuando se declaró el estado de sitio, para tomar conciencia de la dimensión de los hechos, y recogimos unos 60 testimonios de ambos sectores”, explicó Mattarollo.

De la comisión que acaba de terminar su trabajo en Bolivia participaron dos miembros del Equipo Argentino de Antropología, un patólogo chileno y dos peritos en criminalística especialistas en videos que habían trabajado en el caso del intendente de Pinamar, Roberto Porretti. “Hay un video en donde se ve a la gente que huye nadando por el río que atraviesa la capital de Pando, bajo el fuego de armas, y la oposición sostuvo que ese video fue trucado, que la imagen visual es real pero no así el audio de los disparos, por eso dispusimos someterlo a estudio”, indicó Mattarollo. También trabajó con la comisión de la Unasur el responsable de informática de la Secretaría de Derechos Humanos argentina para elaborar una base de datos sobre violaciones a los derechos humanos, de la que el gobierno boliviano carece.

Al momento de fundamentar que se trató de una masacre, el funcionario sostuvo que, si bien las muertes comprobadas son 18, podrían ser más. “Cruzaron el río sin saber nadar, de modo que indudablemente está el peligro de que sean más los muertos, y además tenemos pruebas de que los heridos fueron agredidos en los hospitales, por eso seremos muy precisos al calificar estas graves situaciones”, indicó.

Este diario quiso saber cuáles son los efectos concretos que tendrá el informe. “Rara vez una comisión internacional reacciona a tres días de los hechos, y ahora en Buenos Aires, que es la sede de la coordinación, vamos a redactar conclusiones y recomendaciones para entregar a la presidenta pro témpore de la Unasur, Michelle Bachelet, y al gobierno de Bolivia.”

Por otra parte, la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso boliviano que investiga esa masacre reinició ayer su trabajo con la declaración del director del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien informó sobre el número de muertos y las causas de esas muertes, de acuerdo a las necropsias realizadas por los peritos. El diputado de esta comisión legislativa Jorge Silva, manifestó que la comisión hará una evaluación de toda la documentación y declaraciones recibidas para definir una agenda de trabajo. Además, el gobierno de Evo Morales iniciará juicio penal contra el ministro de la Corte Suprema José Luis Baptista, por uso indebido de influencias destinadas a liberar al prefecto de Pando, principal acusado de la masacre del 11 de septiembre.