Desde Brasilia

El gobierno brasileño dobló la apuesta en su enfrentamiento con Ecuador y amenazó con suspender treinta proyectos de inversión multimillonarios en ese país. La advertencia fue lanzada ayer por el embajador ante Quito, Antonino Marques Porto, durante una audiencia en el Senado brasileño. La sola presencia del diplomático demostraba cuán mal había caído la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de denunciar una deuda con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ante un tribunal de arbitraje internacional. El viernes pasado, por primera vez en sus seis años de gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva llamó a consultas a un embajador. Nunca antes había llegado a esa instancia, ni siquiera cuando la oposición se lo pidió después de que el presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizara los hidrocarburos y tomara las plantas de Petrobras en 2006.

El joven economista Correa demostró ser el mandatario más radical a la hora de enfrentarse a Brasil. Presidentes como el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Morales o el paraguayo Fernando Lugo han cuestionado esporádicamente el uso y abuso brasileño de la asimetría de poder en la región. Sin embargo, ninguno se animó a golpear los intereses económicos del gigante sudamericano con la fuerza que lo hizo Correa. En septiembre pasado, el mandatario ecuatoriano denunció a la constructora brasileña Odebrecht por ineficiencia y corrupción y la expulsó del país.

La empresa privada, una punta de lanza de Brasilia para la integración regional, había inaugurado hacía poco más de un año una represa hidroeléctrica que debía suministrar energía al 12 por ciento de los hogares del país. Pero la represa San Francisco no llegó a festejar su primer aniversario. Las grietas se multiplicaron y el gobierno ecuatoriano tuvo que ordenar su cierre. Las refacciones duraron cuatro meses.

Primero Correa pidió una indemnización, pero al poco tiempo endureció su postura y ordenó la expulsión. “Odebrecht intento burlarse del país”, contó enojado y dejó deslizar que pudo haber habido “coimas”. El Palacio de Itamaraty intentó mediar, pero como no era un conflicto entre Estados era poco lo que podía hacer. Eso cambió la semana pasada, cuando Correa anunció que iba a evaluar si debían pagar o no el crédito del Bndes, que contrajo Ecuador para financiar la represa fallida. Ahora sí se estaban enfrentando con una entidad estatal brasileña.

En 2004, bajo el gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez, el crédito inicial era de 286,8 millones de dólares. Pero los intereses y los anexos que se fueron agregando ad hoc terminaron sumando unos 540 millones de dólares. Como hizo con el resto de la deuda pública ecuatoriana, Correa anunció que no pagará un dólar hasta que no se revise los términos y las condiciones del préstamo y llevó el caso ante la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI), un tribunal de arbitraje internacional.

La ira del gobierno brasileño no se hizo esperar. El lunes el canciller Celso Amorim, un diplomático acostumbrado a las palabras moderadas, acusó a Ecuador de poner en riesgo la confianza crediticia entre los países vecinos. “La decisión ecuatoriana afecta no sólo a Brasil y al Bndes, sino a toda América del Sur y a América latina.” Para Amorim se verán afectados los créditos con respaldo estatal para obras de infrestructura, como los que están financiando los grandes proyectos de integración regional. Amorim no quiso hablar de Odebrecht. La constructora es una de las empresas símbolo del liderazgo brasileño y representa al país en más de veinte países en el mundo; incluso tiene una parte en la gigantesca reconstrucción iraquí. En la región, especialmente, pisa fuerte. Fue la encargada de construir el subte de Caracas, tenía hasta hace unos meses cuatro proyectos energéticos millonarios en Ecuador, otro tanto en Perú y actualmente está negociando para iniciar obras con el gobierno colombiano y el cubano. Pero aún a pesar de su renombre internacional, ni las grietas ni los sobornos son nuevos para la empresa brasileña.

En 1993, el nombre de Odebrecht apareció en la lista de empresas brasileñas que sobornaban a diputados para aprobar proyectos, que luego administrarían y ejecutarían ellas. El escándalo de los “enanos del presupuesto” casi tumbó a la Cámara baja. El año pasado la constructora brasileña volvió a mostrar su poder. Una parte del subte de San Pablo, por entonces en construcción, se derrumbó por completo. Siete personas murieron, pero el incidente apenas atrajo la atención de los grandes medios por un par de días.

Según los peritajes, no se tomaron todas las medidas de precaución obligatorias. Uno de los jefes de Odebrecht que estaba a cargo del proyecto del subte de San Pablo fue reasignado de inmediato... a Ecuador.