Desde Nueva York

Las principales organizaciones de derechos humanos instaron esta semana al presidente George Bush a no indultar colectivamente y por adelantado a oficiales y funcionarios actuales y pasados de su gobierno implicados en la tortura y otros abusos cometidos en relación con la llamada “guerra contra el terror”. Si lo hacen, denunciaron, sería un autoindulto.

El pedido se hizo a través de una carta enviada el martes al mandatario y firmada por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, American Civil Liberties Union, Human Rights First, Physicians for Human Rights, Center for Victims of Torture, International Center for Transitional Justice, Open Society Policy Center y Evangelicals for Human Rights. A menos de dos meses de la salida de Bush de la Casa Blanca, las ONG quisieron adelantarse. En Estados Unidos todos los mandatarios, antes de terminar su gobierno, otorgan indultos. No hay limitaciones ni requisitos.

Hasta la fecha, afirmaron, las investigaciones sobre el trato ilegal de detenidos han sido “fragmentarias y limitadas” y “las acciones de los eslabones más altos de la cadena de mando civil y militar no han sido examinadas de manera creíble”. Agregan que “es crucial que el nuevo gobierno pueda cumplir con las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional para investigar alegaciones de serias violaciones de los derechos humanos. Esta oportunidad no deberá ser cerrada por el uso injustificado del poder de indulto”.

La carta señaló que “un indulto preventivo” haría imposible una investigación del Departamento de Justicia para que la opinión pública pueda descubrir lo “que fue hecho en su nombre”. Además, un indulto colectivo otorgaría no sólo inmunidad a los oficiales de niveles bajos, sino también a los altos mandos responsables de diseñar e implementar el programa de interrogaciones.

“Tal indulto haría que usted fuera el primer presidente en indultarse a sí mismo, algo que Richard Nixon consideró pero después descartó. Sería visto alrededor del mundo como una admisión de culpabilidad por los delitos cometidos”, advirtieron las ONG.

Para Jennifer Daskal, consejera legal sobre asuntos antiterrorismo de Human Rights Watch (HRW), la aprobación por el gobierno de Bush de técnicas abusivas de interrogación, rendiciones a tortura, y sitios negros manejados por la CIA ya dañó la reputación de Estados Unidos alrededor del mundo de manera significativa. “El presidente Bush no debería empeorar esto al tratar de cerrar las investigaciones criminales antes de que se inicien”, aseguró.

HRW recordó que además de la autorización de técnicas de interrogación consideradas como tortura después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, también se conocen por lo menos cien desapariciones de detenidos en prisiones clandestinas de la CIA y de decenas entregados a terceros países para ser torturados.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.