Acudiendo a una alegoría de Pino Solanas, las nacionalizaciones de Perón, Getúlio o Cárdenas durante las décadas del ’30 y el ’40 hoy los harían parecerse al mismísimo Trotsky en el limitado mundo de las transformaciones en la globalización. Las estatizaciones de Chávez, que sin ser trotskista ha manifestado su admiración por el revolucionario ruso, lo aproximan a lo más radical alcanzado por aquellos predecesores del nacionalismo latinoamericano. Claro, siempre en el contexto del mundo en que vivimos.

Con la prohibición de la Pesca de Arrastre concentrada en multinacionales europeas y la estatización de la planta arrocera de la estadounidense Cargill, se completa un mapa de veintidós desplazamientos del control privado, tanto nacional y como transnacional, al control público, en algunos casos en cogestión con asociaciones laborales.

Es difícil catalogarlas de nacionalizaciones o de simples estatizaciones porque el gobierno bolivariano se valió de un complejo plexo de figuras jurídicas usadas para posicionar al Estado como un actor determinante en la economía, desde la producción, la comercialización, la distribución, la fiscalización técnica y normativa del crédito de inversión productiva. Se ha expropiado, pero sobre todo se han pactado contratos de compra con indemnización, o se ha intervenido para evitar colapsos o impedir desabastecimiento, contrabando y ruptura de la cadena alimentaria. El gobierno ha gastado alrededor de 15.000 millones de dólares para sufragar esos desplazamientos de propiedad capitalista hacia el Estado.

Los doce rubros en los que ingresó el Estado abarcan ramas tan variadas como alimentos, electricidad, telefonía, telemática, acero, minería, energía fósil, cementeras, silos, paking, cadena de frío, transporte de combustible, banca, televisión y pesca. En veintiuna plantas los desplazamientos estuvieron precedidos o cruzados por conflictos laborales donde los sindicatos reclamaron a las privadas con huelgas y ocupaciones por condiciones salariales, de salud y formas irregulares de contratación tercerizada. Uno de los casos más sonados antes de Cargill fue el de Sidor, en manos de la argentina Techint, pero más escandaloso aún fue el final de la concesión del canal RCTV en 2007.

Aunque todos los casos comenzaron en febrero de 2007 y se aceleraron tras la derrota del plebiscito para reformar la Constitución, de diciembre de ese año, la mayoría de las empresas se definen por su participación directa en dos acciones consideradas criminales: el golpe de abril de 2002 y la huelga petrolera de enero-marzo de 2003.

Las principales estatizaciones involucraron a multinacionales estadounidenses y centroeuropeas, que se vieron obligadas a pactar una relación de inversión en el petróleo y el gas. Por su lugar económico en el PBI le siguen la minería, la electricidad y la telefonía, pero por su efecto social en realidad tiene más peso el control de importantes fuentes y cadenas de alimentación en la agricultura y en su procesamiento industrial.

En todos los casos el carácter fue defensivo y el concepto usado fue el estratégico según la Constitución, las Leyes Orgánicas, como la que establece la llamada “soberanía y seguridad alimentaria” y el Plan Nacional 2008-2007. Las acciones contra Cargill y los pesqueros de arrastre fueron precedidas de demandas judiciales por actos criminales.

Por esta vía, tan variada en su aplicación jurídica como perentoria en sus resultados, el país caribeño pasó de consumidor total a productor total en siete productos alimenticios primarios. Desde la expropiación de Cargill se agrega el arroz blanco de la dieta diaria, además del 40 por ciento de la producción de celulares y más del 30 por ciento de computadoras, que desde 2008 se fabrican en asociación con China.

Es probable que se sume un motivo más: los asesinatos de dirigentes sindicales en el campo y la ciudad, que han comenzado a preocupar por su relación con empresas en conflicto, y así, por una vía inesperada de la historia, Chávez y Trotsky podrían verse las caras en el complejo mundo de la globalización y preguntarse: “¿Y ahora qué hacemos?”.

* Escritor y periodista venezolano, autor de Quién invento a Chávez.