Al menos veinticuatro personas murieron y más de cincuenta resultaron heridas la noche del jueves en un ataque aéreo, supuestamente llevado a cabo por un avión no tripulado estadounidense, contra un refugio de islamistas en Kurram, en el noroeste de Pakistán, informaron ayer funcionarios de seguridad. Por su parte, las autoridades paquistaníes trataban por todos los medios ayer de sofocar la “larga marcha” de la oposición que debe llegar a Islamabad el lunes, al tiempo que Occidente teme una nueva explosión de violencia en el país asiático.

“Hemos recuperado veinticuatro cadáveres”, explicó el responsable de una organización caritativa local. El balance anterior era de dieciocho muertos. “Los insurgentes siguen buscando entre los escombros”, afirmó la misma fuente.

El ataque afectó la localidad de Barjo, en la zona tribal de Kurram, fronteriza con la provincia afgana de Jost. “Cuatro cohetes impactaron en una casa en la que se encontraban decenas de milicianos”, dijo un funcionario de seguridad que requirió el anonimato. “La nave fue vista en la zona”, agregó.

Tras el ataque, combatientes talibán cerraron la zona, sacaron los cadáveres y a los heridos, señaló el funcionario. Cinco personas murieron a causa de sus heridas en la mañana de ayer en un hospital local. Se cree que la mayoría de los muertos eran milicianos talibán afganos o combatientes extranjeros vinculados con la red terrorista Al Qaida.

Un vecino dijo que la casa bombardeada, fuertemente vigilada, era utilizada por los talibán como depósito de municiones y centro de entrenamiento. Según ciertas versiones, los talibán también retenían a algunos rehenes en el edificio destruido, situado a unos 20 kilómetros de la frontera afgana.

La zona tribal de Kurram es una de las siete regiones semiautónomas cercanas a la frontera con Afganistán, donde las tropas estadounidenses luchan contra los militantes talibán. En esta región se han registrado más de treinta ataques con misiles, atribuidos a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Afganistán, desde agosto de 2008, un mes antes de la llegada a la presidencia paquistaní de Asif Ali Zardari. En ellos han muerto más de 330 personas.

Para los grupos talibán afganos y combatientes de Al Qaida, estas zonas tribales del noroeste de Pakistán se han convertido en un refugio y sirven de base de retaguardia para lanzar ataques contra las fuerzas extranjeras en Afganistán.

En cuanto a las autoridades paquistaníes están empeñadas en tratar de sofocar la “larga marcha” de la oposición que debe llegar a Islamabad el lunes, al tiempo que Occidente teme una nueva explosión de violencia en el país asiático. Pero ni los cientos de detenciones de los últimos días ni la prohibición de concentraciones extendida a casi todo el país parecen disuadir a los manifestantes.

Estos reclaman el regreso a sus funciones de los jueces destituidos en 2007 por el régimen militar de Pervez Musharraf, entre ellos el antiguo presidente de la Corte Suprema Muhammad Iftikhar Chaudhry, convertidos en símbolo de una democracia que el gobierno civil, instaurado hace un año, apenas pone en marcha. Según los servicios de inteligencia, unas 200 personas han sido detenidas sólo en esta provincia, mientras que la policía cerraba las carreteras para impedir a ciudadanos de otras provincias unirse a la marcha hacia Islamabad.

“Las medidas tomadas por el gobierno demuestran a la población de Pakistán y al mundo entero que los abogados no pueden desplazarse libremente en su propio país”, denunció el presidente de los abogados de la Corte Suprema, Ali Ahmed Kurd, detenido en una de las barreras policiales. “Vamos a tratar de llegar a Islamabad por otros medios y a llamar a los paquistaníes a hacer lo mismo”, explicó.

A los abogados, que iniciaron la protesta, se les ha unido la oposición política, liderada por el ex primer ministro Nawaz Sharif, a quien la Corte Suprema le inhabilitó el pasado 25 de febrero para la vida pública por las condenas penales en su contra. Sus llamamientos a una sublevación popular le han valido amenazas de ser perseguido por “sedición”.

Nawaz Sharif, sin embargo, parece que ha tratado de abrir una vía al diálogo ayer, asegurando estar “dispuesto a cooperar” con el presidente Asif Ali Zardari si éste “mantiene su promesa de rehabilitar a los jueces y restablecer una Justicia independiente”. Este movimiento contestatario ha sumido a Pakistán en su crisis política más grave desde la caída del régimen militar, provocando advertencias y presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña, que temen la desestabilización política de este país de 168 millones de personas, el único del mundo musulmán con capacidad nuclear y golpeado por una oleada de ataques islamistas mortíferos.