El general retirado Manuel Contreras, quien fue jefe de la policía secreta durante la última dictadura en Chile, sumó hoy una nueva condena por violaciones de derechos humanos y acumula penas por más de 300 años de reclusión.

La segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile condenó a Contreras a siete años de prisión efectiva por el secuestro calificado del ejecutivo minero y militante comunista David Silberman, ocurrido en 1974. Idéntica pena recayó sobre Marcelo Moren, en tanto fueron absueltos Carlos Labarca y Marcos Derpich. Los tres fueron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la hoy disuelta policía secreta de la dictadura, que comandaba Contreras. Contreras permanece recluido en el penal militar Punta Peuco, donde cumple condenas acumuladas por más de 300 años por violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, tres oficiales del ejército de Chile actualmente en retiro fueron arrestados ayer, acusados de ser cómplices y encubridores de 14 asesinatos cometidos durante la llamada Caravana de la Muerte, un operativo efectuado en 1973 contra opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. El general Gonzalo Santelices, el mayor Patricio Ferrer y el teniente Pablo Martínez fueron notificados y detenidos en cuarteles de la policía militar en la precordillera de Santiago.

Para el juez Víctor Montiglio, los tres oficiales integraron la Caravana de la Muerte en el operativo militar efectuado el 18 de octubre en la ciudad de Antofagasta, 1360 kilómetros al norte de Santiago. La Caravana de la Muerte, que estuvo bajo el mando del general Sergio Arellano, ejecutó sin juicio a más de 70 presos políticos en distintas ciudades de Chile. En febrero, el general Santelices renunció a su cargo de jefe de la guarnición metropolitana del ejército, en medio de una áspera polémica, porque el militar siempre dijo que no cumplió órdenes ilegales y que en 1973 era un oficial sin poder de decisión.

Mientras era subteniente en 1974, Santelices había trasladado a detenidos desde una cárcel de Antofagasta hasta la Pampa, donde los presos fueron ejecutados. Fue la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de ministra de Defensa en 2003, quien aprobó el ascenso de Santelices a general.

El abogado querellante Hiram Villagra afirmó que en el proceso “se logró establecer” la presencia de Santelices en Antofagasta. Durante la dictadura, unos 3000 chilenos fueron desaparecidos o ejecutados por organismos represivos del Estado.