Una investigación del Senado publicada ayer descubrió que una pequeña y poco conocida sección del Pentágono que entrenaba a soldados estadounidenses para resistir la tortura promovió su aplicación en interrogatorios a prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” de George W. Bush.

El documento del Senado indica, además, que el propio secretario de Defensa de ese entonces, Donald Rumsfeld, aprobó el empleo de técnicas agresivas contra detenidos en Guantánamo tras buscar consejo legal. La investigación también concluyó que los alertas emitidos por abogados militares respecto a la legalidad y la efectividad de la tortura fueron ignorados.

El documento del Comité de Servicios Armados del Legislativo que fue divulgado ayer revela nuevos detalles sobre el proceso que llevó a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a supuestos miembros de Al Qaida. El texto, de 263 páginas, se conoce en medio de una gran polémica desatada por la desclasificación de unos informes en los que altos cargos de la pasada administración Bush autorizaban y justificaban esas prácticas.

El abuso de detenidos bajo custodia estadounidense “no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa propia”, indica el informe del Senado de Estados Unidos. El hecho es, señala el Congreso, “que altos cargos del gobierno de EE.UU. solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad y autorizaron su aplicación a detenidos”.

El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002, el entonces presidente George W. Bush firmó un memorando anulando el Artículo 3 de la Convención de Ginebra, que se refiere al tratamiento de prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaida y los talibán.

A comienzos de 2002 la CIA buscó aprobación para los interrogatorios a detenidos acusados de pertenecer a Al Qaida, lo que llevó a encuentros de su por entonces director George Tenet con la Casa Blanca y con el Consejo de Seguridad Nacional, de los cuales participaron el fiscal general John Ashcroft y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld.

El 1º de agosto de 2002 el Departamento de Justicia emitió dos –ahora famosos– informes legales en los que aprobó el uso del “submarino”.

En septiembre, un grupo de interrogadores de Guantánamo viajó a Fort Bragg (Carolina del Norte), donde recibieron entrenamiento del programa SERE.

Los principales abogados del Pentágono, la CIA y el vicepresidente Dick Cheney viajaron a Guantánamo el 25 de septiembre de 2002. Una semana más tarde dos expertos en comportamiento de la prisión de Guantánamo propusieron nuevas técnicas de interrogatorio. Uno de ellos les dijo a los investigadores del Senado que había “una creciente presión para ser más duros en el interrogatorio a detenidos”.

El martes, el nuevo presidente Barack Obama abrió una puerta al enjuiciamiento a los autores de la doctrina jurídica que respaldó el uso de torturas, mientras que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) pidió que la Justicia investigue. Obama repitió que sería “inapropiado” juzgar a los agentes que torturaron, pero justificó una acción legal sobre los ideólogos que respaldaron estas prácticas por parte de la CIA. Ayer, el portavoz presidencial Robert Gibbs precisó que no es a Obama a quien le compete decidir qué se investiga y qué no.

“El presidente no es quien determina quién violó la ley”, dijo Gibbs.