En Uruguay se juntaron las firmas necesarias para intentar derogar una ley que amnistió a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Hoy se entregan al Parlamento y el presidente de ese país, Tabaré Vázquez, anunció por primera vez públicamente que su deseo es que la iniciativa prospere, aunque no firmó. “En lo personal, considero que el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos, es absolutamente inconstitucional, estoy en contra de ella y espero que se derogue”, precisó ayer Vázquez desde Costa Rica.

El mandatario explicó que, aunque apoya la medida, su posición es a título personal en calidad de ciudadano uruguayo, pero como presidente de la República su deber es respetar la Constitución. “Mi deber es hacer respetar y cumplir la Constitución y todas las leyes, incluida la Ley de Caducidad”, explicó. “Todo dentro de la Constitución; nada fuera de la Constitución”, lanzó.

Asimismo, Vázquez destacó que si bien durante su mandato hizo cumplir dicha norma, impulsó la apertura de muchas investigaciones en base a un artículo que faculta al gobierno para decidir cuáles casos quedan excluidos de esa amnistía. Como resultado de esas pesquisas, quedó tras las rejas, entre otros, el ex dictador Juan María Bordaberry, quien fue elegido en las urnas y en 1973 dio un autogolpe con apoyo de los jefes de las fuerzas armadas, lo que dio inicio a la dictadura de 12 años.

La Ley de Caducidad fue votada por el Congreso uruguayo en diciembre de 1986 y ratificada a través de una consulta popular en 1989 con un 57 por ciento de los votos a favor y 43 por ciento en contra, durante la presidencia de Julio Sanguinetti.

Pero a finales de 2006, más precisamente el 21 de noviembre de ese año, un grupo de organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos y sectores del Frente Amplio (FA) formaron una Coordinadora Nacional contra la Ley de Caducidad y comenzaron una campaña para recolectar firmas a fin de promover un nuevo referéndum para intentar derogar la norma.

La ley electoral uruguaya establece que para promover una consulta popular el número de firmas recolectadas debe superar el 10 por ciento del padrón, es decir, 250 mil firmas; en este caso, las planillas totalizan un total de 300 mil. Los pasos indican que las firmas deben ser entregadas a la Asamblea Nacional y este órgano, a su vez, debe presentarlas ante la Corte Electoral, la cual deberá validar las firmas. Las cajas con las firmas de los ciudadanos serán recibidas hoy en la Asamblea Nacional en Montevideo por el senador José “Pepe” Mujica, precandidato a presidente por el oficialismo quien, junto con otros uruguayos como el escritor Eduardo Galeano y Macarena Gelman, ya sumó su firma a la campaña.

Según una encuesta divulgada ayer por la consultora uruguaya Factotum, un 46 por ciento de los uruguayos votaría por el sí, un 30 por ciento por el no y un 24 por ciento todavía está indeciso. Para derogar la ley, se necesita la mitad más uno de los votos. El veredicto será en octubre.