La Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad –con la que se evitó enjuiciar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay (1973-1985)– entregó ayer por la tarde en el Parlamento uruguayo 325 mil firmas, lo que permite habilitar un referendo para anular la norma,

Las firmas, llevadas hasta el Parlamento a través de una cadena humana iniciada en la Federación Ancap, fueron recibidas por el precandidato oficialista para las elecciones presidenciales de octubre, el senador José Mujica, en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa. El Congreso debe ahora remitir las firmas a la Corte Electoral.

La entrega de las firmas prosiguió con un acto frente a las puertas del Parlamento, en el que hablaron dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, como el dirigente sindical e integrante de la Coordinadora, Lus Puig, el abogado defensor de los derechos humanos Oscar López Goldaracena y el ex dirigente del Partido Nacional Oscar López Balestraque integran la Comisión junto a la central obrera PITCNT. Puig indicó que “siguen ingresando firmas y es imposible saber ahora el número exacto”. “Sí le puedo decir que son varias decenas de miles por encima de las firmas necesarias, que son un 10% del padrón electoral, o sea 250.458”, señaló Puig, que recordó que hay plazo hasta el sábado para presentar las rúbricas, por lo que luego se agregarán las que lleguen después del acto de este viernes. Puig, agregó que con la entrega de las firmas comienza la segunda etapa del proceso en el que la gente deberá votar para anular la normativa que impide someter a proceso a militares por hechos ocurridos durante la dictadura militar.

La tarea de juntar firmas “puede haber sido dura, algo incomprendida al principio, pero qué bien se siente haberla podido cumplir”, señalaba el comunicado que convocaba a la marcha para hacer “entrega de este gran tesoro que son las firmas de nuestros compatriotas que desean una sociedad donde todos seamos iguales frente a la ley”. Por su parte López Goldaracena señaló que Uruguay debe construir un modelo “en base a valores y principios, donde la Justicia sea un elemento esencial e innegociable frente a los crímenes de lesa humanidad”.

Será la Corte Electoral la que ahora debe determinar la validez de las firmas para convocar a la consulta popular que tendrá lugar junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre, tarea para la que tendrá 90 días. La cantidad de firmas recolectadas supera largamente la exigencia legal de 10 por ciento del padrón, equivalente a 250 mil rúbricas.

De acuerdo con una encuesta de la consultora Factum, difundida el jueves, el 46 por ciento de los uruguayos con derecho al sufragio se inclinaría por derogar la normativa, y el 30 por ciento se pronunciaría por mantenerla, mientras el 24 por ciento rehusó opinar. Para anular la también llamada Ley de Impunidad basta con una mayoría simple de papeletas, de modo que si en definitiva se somete a plebiscito, sus días estarían contados.

El propio jefe de Estado, Tabaré Vázquez, se pronunció ayer desde Costa Rica a favor de la derogación de la ley, pese a que se había negado a firmar para promover el plebiscito, aunque le dio a la norma una nueva interpretación que habilitó investigaciones sobre restos de desaparecidos y permitió juzgar a algunos ex policías y militares, entre ellos al ex jefe del Ejército y ex presidente de facto Gregorio Alvarez. Al asumir el primer gobierno de izquierda de Uruguay en marzo de 2005, Vázquez había prometido cerrar las heridas abiertas por las violaciones a los derechos humanos en el marco de la Ley de Caducidad.

La norma se votó luego de que Julio Sanguinetti llegara a la presidencia en marzo de 1985, tras los comicios de 1984, que se realizaron luego del denominado “Acuerdo del Club Naval”, en el que el Partido Colorado y el ahora gobernante Frente Amplio negociaron con los militares la salida democrática.

De acuerdo con el historiador Lincoln Maiztegui, la norma “cumplió el objetivo de salir de una situación de golpe de Estado técnico”, en alusión a la declaración del entonces comandante en jefe del Ejército general Hugo Medina, que dijo que las citaciones judiciales a militares por violaciones a los derechos humanos estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían.