Desde Lima

El gobierno peruano decidió ayer otorgarle asilo político al ex alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, líder antichavista denunciado por corrupción en su país. Rosales, derrotado por Hugo Chávez en las elecciones de 2006, se fugó de Venezuela para evitar ser procesado por la Justicia, que lo acusa de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado de Zulia, y, luego de ingresar como turista, hace una semana pidió asilo en el Perú, alegando ser un perseguido político. Después de escuchar a Rosales en una reunión realizada el pasado viernes en la Cancillería, el gobierno peruano, con una celeridad que sorprendió al propio abogado de Rosales, el congresista oficialista Javier Valle Riestra, decidió otorgarle asilo al político venezolano. El anuncio lo hizo ayer el canciller José Antonio García Belaúnde ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Un día después de pedir la protección del gobierno peruano, Rosales violó las reglas del asilo haciendo una declaración política en la que atacó duramente al gobierno de Venezuela. Eso originó la protesta de la Cancillería peruana, pero no impidió que se le otorgue asilo. La decisión introduce un nuevo elemento de conflicto en las relaciones entre Lima y Caracas, que en los últimos meses se habían distendido luego de la crisis diplomática entre ambos países como consecuencia de los duros ataques verbales que el año 2006 intercambiaron García y Chávez, y las públicas críticas de funcionarios del gobierno peruano, incluido el propio García, al gobierno de Chávez. Antes de conocerse la decisión peruana de otorgarle asilo a Rosales, funcionarios venezolanos habían criticado esa posibilidad, calificándola como un acto de protección a una persona acusada de corrupción.

“Fiel a una tradición histórica y a su compromiso con el derecho internacional, el gobierno ha decidido otorgarle asilo al ciudadano venezolano Manuel Rosales”, anunció García Belaúnde ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Luego, ante la prensa, el canciller señaló que se le había dado asilo por “razones humanitarias”. El gobierno peruano no lo dijo explícitamente, pero su decisión implica que en su opinión Rosales no tendría un juicio imparcial en Venezuela debido a presiones del gobierno de Chávez para condenarlo. “Es un caso más de asilo”, desdramatizó García Belaúnde, intentando restarle importancia al asunto. Los principales miembros del oficialismo fueron menos diplomáticos que el canciller al momento de apoyar la decisión. “Hay hechos muy concretos de declaraciones (del presidente Chávez) que muestran que hay una persecución política. No habría una garantía de imparcialidad (en el juicio a Rosales)”, lanzó el presidente del Congreso, el oficialista Javier Velásquez.

Aunque el canciller peruano señaló que esperaba que este tema no afecte las relaciones entre Perú y Venezuela, lo cierto es que la medida peruana no ha caído nada bien en Caracas. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, había instado al gobierno peruano a que “cumpla con las leyes internacionales y capture y entregue al delincuente Manuel Rosales, que está siendo procesado por delitos sumamente graves contra el patrimonio de nuestro país”. “El Estado peruano –remató Maduro– está obligado a entregar al prófugo de la Justicia a las autoridades venezolanas.” Su mensaje no fue escuchado en Lima.

Hasta el momento del envío de esta nota no había una respuesta oficial del gobierno de Venezuela por la decisión peruana de darle asilo al ex gobernador de Zulia acusado de corrupción. La diputada venezolana Iris Varela calificó el asilo a Rosales de “lamentable” y como “una bofetada”. “Un corrupto se está amparando en leyes internacionales para evadir la Justicia venezolana, que es donde debe responder por lo que le ha robado al país”, afirmó Varela.

El asilo otorgado por el gobierno peruano a Manuel Rosales ha recordado que el presidente Alan García también se benefició de un asilo político cuando era requerido por la Justicia peruana para responder por cargos de corrupción durante su primer gobierno (1985-90). En 1992 García se asiló en Colombia; regresó al Perú en 2001, después de que la Corte Suprema declaró prescritos los cargos en su contra.