La decisión del gobierno peruano de otorgar asilo político a Manuel Rosales, dirigente venezolano opositor al gobierno y prófugo de la Justicia, provocó ayer el enojo de Caracas, que retiró a su embajador en Lima. “El asilo político otorgado a Rosales constituye una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela”, señaló un comunicado emitido ayer por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano.

Asimismo, la Cancillería de Venezuela recordó que en cuanto se confirmó la presencia de Rosales en Lima, que había ingresado como turista, se libró una orden de captura internacional por medio de Interpol, dado que el ex candidato presidencial está acusado de delitos asociados a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. “Dado el cúmulo de pruebas existentes, la decisión del gobierno del Perú es incomprensible”, afirmó el texto. Sin embargo, el gobierno de Perú salió ayer a justificar su decisión al tiempo que reafirmó su confianza en que la medida no altere las relaciones bilaterales.

El propio presidente, Alan García, expresó sus deseos de que el vínculo con Venezuela no se dañe a causa de la decisión. “Tenemos una posición de amistad con el gobierno venezolano y esta decisión no alterará las relaciones con ese país”, afirmó el mandatario desde la ciudad brasileña de Río Branco, en una conferencia de prensa tras el encuentro que mantuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

A su vez, García justificó la medida al señalar que Rosales se sentía amenazado y que por esa razón le concedieron el asilo. “La primera obligación de un gobierno es generarle protección a quien se sienta amenazado y éste era el caso”, lanzó.

Las justificaciones peruanas llegaron ayer también desde China. Desde allí, el vicepresidente, Luis Giampietri, explicó que la decisión del gobierno de Lima es coherente con sus tradiciones.

“No es la primera vez que Perú concede asilo a una persona. Si se trata de remontarse a las tradiciones, nuestro país siempre ha sido fiel a conceder asilo cuando lo considera conveniente”, manifestó el vice, que viajó a Beijing para firmar un acuerdo de libre comercio.

Pero ninguna de estas explicaciones pareció convencer al gobierno del presidente Hugo Chávez, que anunció que pondrá bajo la lupa todos los aspectos de la relación bilateral. “En vista de lo anterior, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido el inicio de una fase de evaluación integral de sus relaciones con el gobierno del Perú”, remató el comunicado.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Lima asila a una persona reclamada por la Justicia venezolana. De hecho, Rosales es el tercero.

Antes que el ex gobernador del estado de Zulia, el ex titular de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, que tenía un proceso judicial y una condena por su participación en el golpe de Estado y maniobras de sabotaje petrolero en 2002 y 2003, obtuvo refugio en el Perú en el 2007.

Además, el ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi, preso en Venezuela por presuntos hechos de corrupción durante su gestión se fugó de la cárcel, cruzó la frontera en abril del 2007 y también pisó tierra firme.